La

Generalitat Valenciana ha anunciado su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno

para la regularización de inmigrantes, al entender que “llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado remitido el martes por la noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, "adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas,

puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales

, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial".

Desde el Consell se asegura que

están comprometidos "con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida

, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana".

Asimismo,

la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares

mientras se resuelve el recurso para “evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico”.

El Consell, según el comunicado,

pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas

“que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva”.