La aprobación del

plan de regularización extraordinaria

para personas migrantes en situación administrativa irregular ha dejado fuera a un colectivo muy concreto:

las personas apátridas

, integradas casi en su totalidad por saharauis residentes en España.

El diseño del procedimiento, aprobado por el Consejo de Ministros, establece que quienes estén tramitando el

estatuto de apátrida

no podrán acogerse a la regularización, lo que supone su exclusión automática del proceso.

El plan, según la documentación oficial del Gobierno, está dirigido a personas que puedan acreditar

arraigo

,

años de residencia

,

vínculos laborales

o

procesos de integración

, pero introduce una excepción específica:

quedan excluidas las personas solicitantes del estatuto de apátrida

, pese a que muchas de ellas llevan años en España y no cuentan con autorización de trabajo durante la tramitación.

Esta excepción afecta de forma directa al colectivo saharaui, que constituye la práctica totalidad de quienes solicitan dicho estatuto.

Una excepción en el plan de regularización deja fuera a los saharauis y mantiene bloqueado al principal colectivo apátrida del país

La

Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS‑Sáhara)

ha difundido un comunicado en el que

celebra la regularización

, pero denuncia con firmeza la exclusión de los saharauis.

En su manifiesto, la organización afirma que esta decisión “

carece de sentido y coherencia

”, ya que el Gobierno considera que estas personas están en una situación de “regularidad” mientras, al mismo tiempo,

no les permite trabajar

por no disponer de autorización de residencia y empleo.

CEAS‑Sáhara sostiene que esta contradicción mantiene al colectivo apátrida en una situación de

vulnerabilidad e invisibilidad

, pese a que muchos saharauis llevan años asentados en España y dependen del reconocimiento de su condición para acceder a derechos básicos.

La entidad recuerda que la irregularidad administrativa prolongada tiene efectos directos en el acceso al empleo, la vivienda y la estabilidad personal.

El comunicado, firmado por su presidenta

Maite Isla

, llama a organizaciones de derechos humanos, entidades sociales y colectivos vinculados a las migraciones a

sumarse a la denuncia

y exigir que la regularización extraordinaria incluya también a las personas apátridas saharauis. La coordinadora afirma que continuará reclamando su inclusión “

por coherencia, derechos y compromiso

”.

La exclusión del colectivo saharaui se ha convertido así en uno de los puntos más controvertidos del plan, que pretende regularizar a cientos de miles de personas pero deja fuera a quienes, por su condición de apátridas, dependen por completo del reconocimiento jurídico del Estado para poder vivir y trabajar en España.