El presidente de la Generalitat valenciana,

Juanfran Pérez Llorca

, se ha enfrentado a una sesión de control en la que la izquierda ha vuelto a centrarse en las

acusaciones de corrupción al jefe del Consell. Tanto PSPV como Compromís lo hacen responsable del caso de las VPP de Alicante, de la investigación que ha abierto la Fiscalía Anticorrupción por la recolocación de los trabajadores del Consorcio València 2007 y, por supuesto, de la gestión de la dana del ex presidente Mazón.

Frente al cruce de acusaciones entre unos y otros – el PP contaba con la novedad de que la mujer del presidente del Gobierno,

Begoña Gómez,

está al borde del procesamiento – , Vox ha centrado el tiro en la política migratoria. El síndic de Vox,

José María Llanos,

ha cuestionado a Pérez Llorca sobre la imposibilidad de mantener los servicios sociales y sanitarios debido al aumento de la inmigración ilegal.

“Le respondo con mucha más preocupación que la semana pasada”, ha admitido el jefe del Consell. Ha insistido en que no tienen ayuda del Gobierno de España y ha denunciado que, a 31 de marzo, la Comunitat Valenciana atiende a

600 menores no acompañados.

“Cumplimos lo que dice la ley y que estamos haciendo lo que podemos, pese a que el reparto atiende a criterios políticos, si no, no se puede entender que al País Vasco o Cataluña no lleguen. Es lo más racista que he visto en mi vida”.

Ha explicado que el Gobierno pretende que con el nuevo sistema de acogida lleguen 1.900 menores no acompañados cuando el sistema de proyección tiene 1.800, y nos piden que los atendamos, sin medios, dinero, infraestructuras ni necesidades. Hacer eso es de racistas". El jefe del Consell ha continuado explicando que, a esta situación, hay que sumarle el decreto de regularización, “una iniciativa irresponsable que va a poner en riesgo el sistema sanitario, va en contra de la mayoría del Senado, de los países de la Unión Europa, y en contra el Consejo de Estado, por lo tanto, hablemos claro. La decisión del Gobierno de España no es por atender una demanda social, es por un tema electoral. Esa es la realidad”.

Ha continuando preguntando: “Si se quiere proteger a los inmigrantes, ¿por qué no nos dan el dinero o las infraestructuras necesarias? Ni financiación, ni FLA, ni fondo de nivelación y tampoco la autorización de endeudamiento, es todo una manipulación política”. Por ello, ha insistido en que “hacinar” a los menores es poner en riesgo su salud. “Por ello vamos a recurrir el decreto de regularización del Gobierno, en defensa del sistema sanitario y social de la Comunitat Valenciana”.

Llanos le ha reconocido al Consell su rechazo al reparto de menores extranjeros y ha advertido de la necesidad de poner coto a la

inmigración ilegal

para que, en la Comunitat Valenciana, no se lleguen a producir situaciones como la de Ceuta o Melilla donde

“el 65 por ciento de la población en Ceuta

ya no es española y mucho más en Melilla. ¿Vamos a permitir que esto pueda ocurrir en nuestra casa? En nuestra patria. Es nuestra obligación defender a los valencianos, garantizar los servicios sociales y todos los servicios públicos. No le exijo que no haga lo que no puede hacer, sino que hagamos juntos lo que es prioritario para los valencianos".