El Consejo de Ministros español aprobó ayer el decreto que posibilitará la regularización de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular en el Estado. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo que se trata de una medida con «triple legitimidad: social, política y económica» y anunció que se podrá iniciar el trámite de forma telemática y presencial.

La iniciativa ve la luz casi tres meses después de que se difundiera la noticia, a finales de enero, cuando conoció el acuerdo entre el PSOE y Podemos y tras el impulso social logrado por el apoyo de 700.000 firmas de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una regularización masiva, y que aún está en trámite parlamentario.
El cambio en la normativa, que no afecta a los saharauis al tener estos un estatuto especial el Estado español es uno de los pocos con estatuto especial para apátridas, no requerirá de su aprobación en el Congreso de los Diputados al tratarse de una modificación en el texto del reglamento de la ley, el mismo mecanismo ya utilizado por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar.

«Este es uno de los grandes hitos de esta legislatura, un cambio que dará regularización a personas que viven en nuestro país, conviven con nosotros y hacen un aporte a nuestra sociedad», señaló la ministra de Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

Agregó que cuenta con una «triple legitimidad». Social, porque fue una ILP avalada por 700.00 firmas apoyadas por más de 900 asociaciones; política, porque su toma en consideración fue apoyada por 310 diputados (salvo Vox), y económica, respaldada por sindicatos, empresarios y sectores como la agricultura, la construcción y el transporte, que «llevan años remanado a favor de esta iniciativa». Supone también «dotar de derechos laborales a trabajadores y más tranquilidad a los empleadores», recalcó Saiz, quien agregó que la iniciativa ha contado con «el aval de importantes» juristas, entre ellos, los del Consejo de Estado.

No obstante, el Consejo de Estado planteó una objeción en relación a los antecedentes penales, ya que se exige carecer de ellos, al pedir que se explicite que «queda en suspenso» el proceso si no se dispone de informes sobre el historial delictivo del solicitante, excepto si ha permanecido en el Estado español más de los cinco años previos a la petición.

Saiz aseguró que un informe de economistas y demógrafos que su ministerio tuvo en cuenta durante este proceso en el que explican «cómo sería una España de 2075 sin migración, en la que el PIB se reduciría 22% y cerrarían 90.000 bares». Además, destacó que el 43% del empleo creado desde la reforma laboral de 2022 corresponde a trabajadores extranjeros, en una contribución «no solo económica, sino que supone un rejuvenecimiento necesario».

La solicitud de regularización por residencia, que permitirá el acceso a la tarjeta sanitaria, otorgará permiso de un año, y transcurrido ese plazo «se podrán incorporar a las figuras previstas en Extranjería». El trámite podrá realizarse por vía telemática las 24 horas del día los siete días de la semana, mientras que para la vía presencial habrá 450 oficinas habilitadas en todo el territorio del Estado.

«Pido colaboración ciudadana y mediática. No queremos que nadie se frustre si se presenta en una oficina y no le atienden, porque no será en todas las oficinas», recalcó, a la vez que anunció que se incorporarán más funcionarios para responder a la demanda.

CCOO ANUNCIA HUELGA INDEFINIDA
CCOO convocó ayer, horas antes del anuncio del Gobierno, una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del el 20 de abril, en protesta por las condiciones laborales ante la avalancha de unas 750.000 solicitudes (según estimaciones del Ministerio). También exige equiparación salarial y creación de puestos de atención al público.

Aunque la ministra no mencionó la huelga, fuentes de su equipo indicaron a GARA que trabajarán «para dar respuesta» y que se trata de un proceso complejo en el que irán «pantalla a pantalla».

Mientras tenía lugar la comparecencia de la ministra, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tachó de «inhumana» la reforma migratoria aprobada y aseguró que su modelo «es otro», con mayor «control» de los permisos y sin «regalar» la residencia. Saiz dijo que está lidiando con el PP «más desubicado de la historia», que tiene que elegir si está con los sectores productivos y la Iglesia, o con Vox.