La ley que ha traído Junts per Catalunya al Congreso este martes tenía dos mitades y precisamente eso es lo que la ha condenado al fracaso. Por un lado, los posconvergentes han defendido la prohibición del velo integral —el niqab y el burka— en los espacios públicos. Por otro, la cesión a Catalunya de las competencias estatales en seguridad e identificación de personas, una demanda en la que insisten desde hace tiempo. No es descabellado pensar que pudieran haber encontrado mayorías alternativas para las dos propuestas por separado, pero incluirlas en el mismo saco los ha dejado prácticamente solos.

Partido Popular (PP) y Vox están en plena sintonía con Junts en lo referente a la prohibición del velo integral. De hecho, Vox ya llevó al Congreso una ley con unos preceptos prácticamente idénticos en ese sentido. En aquella ocasión, fueron los de Míriam Nogueras los que desbarataron las esperanzas de la ultraderecha. Sin embargo, no se opusieron por desavenencias en cuanto al contenido, sino por no acompañar en el Congreso a una fuerza “españolista”. “Ni burka ni Vox”, aseveraron.

Los votos de esas tres formaciones hubieran bastado para que la admisión a trámite de la norma saliera adelante. En otras palabras, hubieran podido abrir la puerta de la tramitación parlamentaria a la ley, pero tanto el PP como Vox se han opuesto por esa otra pata que tenía el texto y que ponía negro sobre blanco la transferencia competencial.

“Ni hablar de cesiones de competencias”, ha subrayado Blanca Armario, de Vox. Pero no se ha quedado ahí. Pese a compartir el fondo de la otra parte de la ley —que las mujeres musulmanas no puedan llevar niqab y burka en los espacios públicos—, ha cargado contra Junts por haber “fomentado” las migraciones en Catalunya. Todo ello, mientras Josep Pagès, el diputado postconvergente que ha defendido la iniciativa, negaba con la cabeza. Por parte del PP, la diputada Cristina Teniente ha afeado a las izquierdas no mostrarse firmes ante un “instrumento de subordinación claro” —en referencia al velo integral—, pero ha rechazado que Junts proponga escindir su regulación del marco español. “Prohibición, sí; pero una nueva cesión, no”.

Las izquierdas critican el “uso” de las mujeres migrantes
Las izquierdas soberanistas habrían apoyado la cesión competencial, pero no la prohibición del velo. Y no porque lo defiendan —"Ninguna persona de izquierdas está de acuerdo con el burka", ha aseverado Bel Pozueta (EH Bildu)—, sino porque consideran que “el feminismo significa velar porque todas las mujeres puedan tomar sus decisiones”, tal y como ha apuntado Noemí Santana (Podemos) y que, en realidad, lo que hace Junts es abrir un debate “identitario” que entiende “el cuerpo de las mujeres” como un “campo de batalla política”.

Además, la parte izquierda del hemiciclo también ha cargado contra las derechas porque vendan el burka como un problema de seguridad. “El populismo más absoluto”, ha dicho la socialista Andrea Fernández. Gerardo Pisarello (Comuns), por su parte, ha alertado del peligro de que una medida como esa “pueda estigmatizar a las mujeres” y ha remarcado que defender los derechos de las mujeres migrantes es, por ejemplo, luchar porque tengan mejor acceso a los servicios sociales.

Es una postura similar a la que ha defendido Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que, además, ha lamentado la “mala fe” de los posconvergentes al presentar en una misma ley la prohibición del velo integral y la cesión de competencias, que ERC habría apoyado. En esas aguas se mueve también EH Bildu y en unas parecidas, el PNV. Los jeltzales creen que el de la prohibición del niqab y el burka es un debate que hay que abrir, aunque no de forma improvisada o electoralista. Es por eso que alentaron la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar el asunto.