Más de 500.000 personas migrantes podrán iniciar desde este jueves el trámite de regularización extraordinaria tras la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto que la pone en marcha. Medio millón de vidas que ya estaban dentro de la sociedad, aunque fuera de sus márgenes legales, y que ahora dejarán de ser invisibles para las administraciones. En la práctica, esto significa algo tan básico como poder acudir a un centro de salud o a una comisaría sin el miedo constante a una posible expulsión, acceder a un alquiler en condiciones normales o incorporarse a un empleo fuera de la clandestinidad.

Con esta decisión, el Gobierno se desmarca de la tendencia que predomina en buena parte de Europa, donde el endurecimiento de las políticas migratorias se ha convertido en la respuesta habitual. Frente a ese contexto, marcado por el refuerzo de fronteras y la externalización de la gestión migratoria en la UE, el Ejecutivo defiende la medida como “uno de los grandes hitos de esta legislatura”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz ha asegurado que el texto final “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de asegurar que dispone de “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”.

Lo cierto es que el respaldo social existe. Más de 700.000 firmas avalaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el movimiento Regularización Ya. Un esfuerzo colectivo que superó con creces el mínimo exigido. Aunque finalmente no salió adelante en el Congreso, un acuerdo entre Podemos y el PSOE ha hecho posible que la regularización sea hoy una realidad.

Desde dentro del movimiento, la valoración es positiva “porque es la primera vez que personas migrantes llegamos a un logro colectivo tan grande, primero de participación ciudadana a través de la ILP, que fue la instancia política que llegó a esto y después las que quedamos y seguimos luchando hasta el final”, señala la activista de Regularización Ya Victoria Columba, al tiempo que subraya el papel clave de la presión social para forzar la vía del decreto tras bloquearse la ILP en el Congreso. “El trabajo de seis años de la plataforma ha sido reconocido y retribuido y va a traer mucha alegría a las comunidades que se puedan beneficiar”, añade Laura Menna, también activista de la organización.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se ha sumado a la celebración de la aprobación del decreto calificándolo como “una gran victoria popular”. “Celebramos este momento histórico que demuestra que cuando hay voluntad política se puede atender al clamor popular y aprobar una medida necesaria y urgente, que como en anteriores regularizaciones sacará de la clandestinidad a muchas personas. Supone un triunfo de los derechos humanos y sociales frente a la deriva reaccionaria y autoritaria”, señalan en un comunicado Mónica López y Mauricio Valiente, directora y director de CEAR.

La Iglesia también ha dado su aval al decreto. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que se trata de una “medida de responsabilidad política, ética y social”.

Derechos y sostenibilidad económica y demográfica
El Gobierno defiende que la medida “es un paso imprescindible para la plena integración de personas que ya viven entre nosotros” y sostiene que no se trata únicamente de una cuestión de derechos, sino también de “sostenibilidad económica y demográfica”. En esa línea, recuerda que organismos como el Consejo Económico y Social, la Comisión Europea, el FMI o la Airef coinciden en que España necesitará incorporar entre 200.000 y 250.000 migrantes al año hasta 2050 para mantener el Estado del Bienestar. A esto se suma el peso creciente de la población extranjera en el mercado laboral, donde ya representa el 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral.

El activista y experto en Relaciones Internacionales y Migraciones, Sani Ladan, coincide en este diagnóstico, ya que según explica la regularización conducirá a “reducir la economía informal y, sobre todo, la explotación laboral”. “Estamos hablando de personas que ya están en España, muchas de ellas trabajando, pero fuera del sistema. Que pasen a ser regulares permite que puedan cotizar, tengan derechos garantizados y contribuyan de forma más transparente a la economía”, explica.

Más allá de lo económico, el experto considera que el punto más importante es la dimensión social de la medida. “Muchas de estas personas llevan años en una situación de limbo administrativo y de vulnerabilidad. Regularizarlas reduce esa vulnerabilidad, mejora su inclusión como sujetos de derecho y les aporta estabilidad”, señala.

Obstáculos en el proceso y posible colapso burocrático
Aunque para las organizaciones la medida supone una “victoria popular”, sostienen que el documento final no es “el texto ideal” por el que han estado luchando “hasta el último segundo”. El movimiento Regularización Ya señala que el decreto aún mantiene diversos obstáculos y excluye a ciertos colectivos. En primer lugar deja fuera a las personas apátridas, tras el dictamen del Consejo de Estado. “A pesar de lo relevante de su inclusión y de una serie de alternativas viables propuestas por la plataforma para alcanzar un acuerdo” no podrán acogerse a la regularización, señalan. El Gobierno justifica esta decisión basándose en que los apátridas ya tienen su propio estatuto.

Denuncian que el decreto deja fuera a las personas apátridas, tras el dictamen del Consejo de Estado

El texto final también obliga a presentar una declaración de ausencia de antecedentes penales. Aunque el Ejecutivo ayudará a que los solicitantes consigan esos informes, el Ministerio de Presidencia lo reclamará directamente por vía diplomática si no lo consiguen en un mes y si sigue sin llegar después de tres meses, dan un margen de 15 días para que el solicitante lo intente de nuevo. En caso de no lograrlo, la solicitud de regularización será finalmente denegada. Los colectivos advierten desde hace semanas que este sistema podría dejar fuera a miles de personas procedentes de países como Nigeria o Guinea Conakry, donde ya se han documentado importantes trabas administrativas y retrasos recurrentes en la expedición de este tipo de documentación.

Otro de los elementos criticados es el mantenimiento del requisito de aportar un certificado de vulnerabilidad. Aunque el Gobierno ha optado por simplificar el trámite mediante un modelo específico más accesible, desde las organizaciones se reclamaba su eliminación completa ya que podrían producirse “lecturas restrictivas” de la idea de vulnerabilidad.

Además, tanto el experto como las organizaciones temen que se pueda producir un colapso burocrático, ante la previsión de que las administraciones tengan que gestionar en un plazo muy reducido cientos de miles de solicitudes. Desde el movimiento Regularización Ya lamentan que no se haya ampliado el calendario, especialmente “tras los retrasos acumulados en el propio proceso, incluida la demora en la publicación en el BOE”.

“Estamos hablando de un volumen potencial de cientos de miles de solicitudes que atender en dos meses y, si no se refuerzan los recursos y no se amplían los plazos, existe un riesgo de colapso del sistema y, sobre todo, de retrasos importantes”, señala Ladan.

CCOO convoca una huelga en las oficinas de Extranjería
En este sentido, Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, coincidiendo con el inicio del proceso, para exigir un refuerzo de recursos. Desde el sindicato explican a Público que están “a favor del proceso de regularización, pero no de cómo se ha construido la parte de la gestión”.

Denuncian que las oficinas de Extranjería llevan años trabajando al límite de su capacidad y que actualmente “el tiempo medio de resolución es de 99 días por expediente”. Recuerdan además que en 2024 se cerró con 1.200.000 expedientes y en 2025 la cifra ascendió a 1.600.000, lo que refleja “un aumento constante” y una presión creciente sobre el sistema. “Las plantillas están dimensionadas para una población extranjera de hace décadas. Mientras que entonces había unos dos millones de personas, hoy estamos cerca de los nueve millones”, señalan.

CCOO critica que, pese a las estimaciones del Consejo de Estado de un gasto de 25 millones de euros para la implementación del proceso, no se haya traducido en un refuerzo estructural de las oficinas de Extranjería. En este modelo, únicamente cinco oficinas Madrid, València, Málaga, Almería y Murcia asumirán parte del dispositivo, aunque limitadas a tareas de apoyo y recogida de solicitudes, pese a que, según el sindicato, también podrían grabar y resolver expedientes.

En total, participan alrededor de 60 oficinas de la Seguridad Social, 371 de Correos y cinco de Extranjería, pero todas ellas solo intervienen en la fase inicial de recogida. Posteriormente, la grabación y resolución de los expedientes se concentra en TRAGSA y la UTEX de Vigo, donde se centraliza la gestión del procedimiento.

Participan en el proceso 60 oficinas de la Seguridad Social, 371 de Correos y cinco de Extranjería

“Este proceso se va a externalizar a través de TRAGSA, lo que nos preocupa porque no tiene competencias para resolver expedientes”, advierten. El sindicato defiende que la solución debería pasar por reforzar las plantillas existentes y mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de personal hacia otros organismos mejor remunerados.

Además, alertan de que, una vez finalice este dispositivo temporal, las oficinas de Extranjería volverán a asumir en solitario la carga de trabajo, sin el refuerzo previsto durante el proceso, lo que, a su juicio, podría agravar de nuevo la saturación del sistema a la hora de renovar los permisos.

De hecho, los primeros signos de colapso se empezaron a notar incluso antes de que se aprobara la regularización. Días antes de su entrada en vigor, la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) la única en la Comunidad habilitada para expedir certificados del historial de recargas de la tarjeta de transporte ya había agotado todas sus citas disponibles. Este es un documento que puede resultar esencial para muchos solicitantes que no pueden acceder al padrón, ya que les permite acreditar una residencia continuada de más de cinco meses en España.

La oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid ya ha agotado todas sus citas

Por su parte, la ministra Saiz ha acusado a Ayuso de “boicotear las ilusiones de miles de ciudadanos”, después de que la Comunidad de Madrid haya reiterado que no reforzará el servicio de esta oficina. La presidenta madrileña, además, anunció esta semana que solicitará al Tribunal Supremo la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria. Madrid no es la única comunidad gobernada por el PP que ha manifestado su intención de impugnar la medida ante la Justicia, también se han sumado Balears, Aragón, Murcia y el País Valencià.