Uno de los principales focos políticos de este martes ha apuntado directamente a las personas migrantes. Las diferentes posiciones entre izquierda y derecha se han visibilizado de manera evidente debido a dos iniciativas que han coincidido en la jornada. Primero, el Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes, que rechazan PP o Vox. Por la tarde, el Congreso ha abordado un debate sobre la prohibición del velo para las mujeres en el espacio público. La iniciativa, presentada por Junts, ha sido rechazada por la negativa de PP y Vox de ceder más competencias a Catalunya.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha volcado con una regularización calificada como “uno de los grandes hitos de la legislatura” por la ministra portavoz del Gobierno Elma Saiz, que además tiene la cartera de Migraciones. El propio presidente del Gobierno ha enviado una “carta a la ciudadanía” publicada en la red social X para defender la iniciativa. “Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”, señaló Sánchez en este texto.

En esa carta, el presidente del Gobierno deja clara su posición política en contraposición a la derecha y ultraderecha. “Tenemos dos caminos: el de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”, apuntó.

Poco antes de publicar la misiva el líder del Ejecutivo había dado una rueda de prensa desde Pekín en la que también se pronunció en términos similares. A Sánchez se le preguntó de manera expresa por el rechazo de PP y Vox. “El señor Aznar regularizó a medio millón de inmigrantes sin derechos, sin papeles en nuestro país”, recordó en primer lugar.

Sánchez dijo que del partido de Santiago Abascal no esperan nada “porque hace de la migración un elemento de polarización y de confrontación política”. Pero sí le pidió al PP que escuche a la patronal o a la Iglesia católica, que se han mostrado a favor de la regularización. Desde el Gobierno, y así lo remarcó también Saiz, consideran que la regularización tiene “legitimidad social, política y económica”. Esto último, por el respaldo de los agentes sociales y los sectores de agricultura, ganadería o transporte.

La legitimidad social por el apoyo de casi 1.000 organizaciones que impulsaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso. La legitimidad política porque fue admitida a trámite con 310 votos a favor, todo menos Vox. La regularización finalmente se aceleró por vía reglamentaria tras un pacto del PSOE con Podemos a cambio de un posible voto favorable de los morados a la cesión de competencias migratorias a Catalunya acordada ente los socialistas y Junts.

“Estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles”, añadió Sánchez ante los medios en Pekín.
Mientras tanto, pese a los llamamientos del Gobierno a que el partido de Alberto Núñez Feijóo escuche a la patronal o la Iglesias, el PP se mantiene firme en su rechazo. La medida, no obstante, no tiene que pasar por las Cortes al ser una modificación reglamentaria. El líder de los populares reiteró este martes que la propuesta de Sánchez es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. También considera Feijóo que esta reforma “alienta a las mafias” y pidió más controles en la frontera.

Para el Gobierno, este posicionamiento “es incomprensible” y consideran que “es el PP más desubicado de la historia”, según manifestó Saiz. “Tenían que elegir si estar de lado de la Iglesia, de los sectores productivos o del lado de Vox. A eso atribuyo ese cambio en política del PP, que dio luz verde a la ILP. Esos cambios se deben a esos pactos con la ultraderecha”, añadió.

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Pero el debate es incluso más amplio. A nadie se le escapa que las derechas tienen en las migraciones una de sus principales trincheras políticas y electorales. Así lo evidencia la cantidad de iniciativas sobre esa materia que presentan, sobre todo, PP, Vox y Junts en el Congreso. De hecho, las tres formaciones por separado han registrado, en los últimos meses, tres proposiciones de ley distintas para prohibir el uso del velo integral —el niqab y el burka— en los espacios públicos.

La primera que se debatió y votó fue la de Vox. Decayó porque los posconvergentes la rechazaron al haberla propuesto una formación “españolista” y “anticatalanista”. La segunda ha sido la de Junts. Este martes, los de Míriam Nogueras se han quedado solos al perder los votos de PP y Vox —por presentar la prohibición del velo junto a una cesión competencial— y los votos de las izquierdas soberanistas —y quién sabe si los de otros grupos parlamentarios— precisamente por no haber llevado solo la cesión competencial. En otras palabras, haber unido en una misma ley las dos iniciativas han perdido todos los potenciales apoyos que podían tener la una y la otra.

Pero más allá de esta ley en concreto, lo que hay ahora mismo en la mesa política es un intento por parte de las derechas de establecer un debate permanente sobre las migraciones vinculándolas a la inseguridad en las calles. Sin ir más lejos, las leyes que han llegado al Congreso de la mano de PP, Vox o Junts se fundamentan sobre la base de que las mujeres migrantes que llevan un velo integral son un problema en sí mismas para la seguridad. “Queda prohibida la utilización en el espacio público de prendas o elementos que cubran total o sustancialmente el rostro e impidan o dificulten de forma relevante la identificación de la persona”, dice la ley de los posconvergentes. No obstante, el objeto de la norma —tal y como han enfatizado en sus intervenciones en el Pleno las izquierdas y como deja claro el propio título de la ley— no son las personas con el rostro cubierto en general, sino las mujeres migrantes con velo integral.

Las tesis que defienden Vox y Junts en las leyes que ya han decaído en el Congreso son las mismas que defiende el PP. En el caso de los de Feijóo, su iniciativa llegará al Congreso en las próximas semanas. Son dos ideas: la que tiene que ver con la seguridad y la que tiene que ver con la “dignidad” de las mujeres.

Pero las izquierdas rechazan el debate en esos términos. Tanto Bel Pozueta (EH Bildu) como Pilar Vallugera (ERC) —ambas han intervenido en el Pleno de este martes— u otras representantes de distintos partidos de izquierdas dejan claro que no están a favor del burka. Los distintos partidos que componen Sumar en el Congreso, ERC, EH Bildu y el resto de las izquierdas se niegan a dar por bueno que las derechas abren el debate sobre el burka para “dar dignidad a las mujeres”. Más bien consideran que usan el cuerpo de las mujeres como un “campo de batalla”.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
La postura del PSOE y los partidos a su izquierda es clara: si las derechas hubieran querido luchar por los derechos de las mujeres migrantes habrían facilitado la regularización que el Gobierno, finalmente, ha tenido que sacar adelante sin apoyarse en la Cámara Baja. En ERC lamentan, además, que los postulados ultraderechistas de Aliança Catalana estén escorando más y más a la derecha a Junts. “Les da miedo que la sociedad se convierta en un crisol de culturas”, aseveró Vallugera desde la tribuna.

Por parte del PSOE intervino en el debate Andrea Fernández, portavoz parlamentaria de Igualdad. En sus argumentaciones afeó a la derecha su manera de abordar el debate sobre el burka. “Les preocupa el espacio público pero olvidan el espacio privado. La violencia machista se larva en el espacio privado. La solución en ningún caso pasa por expulsarlas del espacio público”, dijo.

Además, también hizo una referencia precisamente a la regularización aprobada por el Gobierno aunque no tenga que votarse. “Si quieren ustedes defender a estas mujeres en estas situaciones, por favor voten todos ustedes a favor de la regularización. Demos a estas personas derechos, oportunidades, servicios públicos y capacidad para vivir de forma autónoma y digna”, defendió.

Con todo, las formaciones de izquierdas no renuncian a la discusión, pero sí a un debate que consideran malintencionado, xenófobo y electoralista. Creen que una medida como la que proponen PP, Vox y Junts “estigmatizaría” a las mujeres migrantes —en palabras de Gerardo Pisarello (Comuns)— e iría en contra de uno de los principios básicos del feminismo: que las instituciones no ejerzan imposiciones sobre ellas. Esta última idea la ha lanzado Noemí Santana, diputada de Podemos. En cualquier caso, el debate no termina este martes. Se prolongará porque forma parte de la agenda de las derechas situarlo en el centro de la conversación.