Si con la acreditación de antecedentes penales el Gobierno ha tenido que rectificar, endureciendo el proceso tal y como sugería el Consejo de Estado en su dictamen, hay otras cuestiones de la regularización extraordinaria que se han mantenido igual, obviando la opinión del órgano consultivo del Ejecutivo. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones que encabeza Elma Saiz ha hecho caso omiso de una recomendación que compartía el Ministerio del Interior: que el proceso se destinara exclusivamente a personas provistas de documentos que estén en vigor.

Además de los tres requisitos tan repetidos para poder acogerse a la iniciativa del Gobierno (estar en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido durante cinco meses ininterrumpidamente y carecer de antecedentes penales), los solicitantes deben presentar documentos identificadores verificables. Una copia del pasaporte, una cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España. En los tres casos, dice el real decreto, «en vigor o caducados».
Al respecto, el dictamen del órgano consultivo reveló un choque de criterios entre los dos ministerios más implicados. Para el departamento de Fernando Grande-Marlaska, se trataba de una excepción «injustificada» al requisito general de recabar a los interesados un documento en vigor. Sin embargo, la secretaría de Estado de Migraciones alegó que el propio Reglamento de Extranjería habilita en su artículo 2010 la aceptación de documentos caducados, dejando claro que los órganos intervinientes podían exigir las pruebas necesarias para acreditar su correcta identificación.
Pero el órgano consultivo recordó que el citado artículo exige, precisamente, unas actuaciones administrativas concretas que terminen dotando a los solicitantes indocumentados de la oportuna identificación. Y que, teniendo en cuenta que el proceso de regularización será tan masivo —con todas las dificultades que eso implica para las administraciones y para procesar «un ingente número de peticiones en tiempos muy breves»— lo más oportuno era reducir el número de requisitos a comprobar. El Ejecutivo ha decidido mantenerlo así.

Otra de las cuestiones más sensibles tenía que ver con las personas que digan encontrarse en una situación de vulnerabilidad, una de las vías para acceder al permiso de residencia y trabajo en España. El Consejo de Estado pedía que se incorporaran criterios objetivos para demostrar esa condición, cuestionando que entidades del Tercer Sector pudieran estar en condiciones de acreditar que los solicitantes tienen derecho legal a una autorización de residencia especial.

El real decreto, sin embargo, mantiene esa posibilidad de la regularización al «encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditada por las entidades competentes en materia de asistencia social». Conserva igualmente criterios genéricos y no concreta: «Se considerará que se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas extranjeras que, atendiendo a su condición administrativa irregular, y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, dichos elementos afecten a sus condiciones de vida o al acceso efectivo a sus derechos», dice el texto.

A lo largo del dictamen, el órgano consultivo dejó clara su coincidencia con Interior en muchas de las discusiones internas sobre la norma, especialmente las que afectan a la seguridad y que pueden chocar con la normativa comunitaria, ya que muchas competencias migratorias y de protección internacional y asilo residen en la Unión Europea. También a lo largo del real decreto queda claro el apoyo que el Ministerio de Justicia brinda a Migraciones, alejándose del criterio de los técnicos de Marlaska.

A pesar de las correcciones que el Gobierno tuvo que incluir, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz quiso subrayar que la voluntad política del Ejecutivo es que el máximo número de solicitantes puedan acceder al proceso, hasta el punto de que habrá una implicación directa por vía diplomática.