El Gobierno de España ha dado luz verde al real decreto que regularizará de forma extraordinaria a más de 500.000 extranjeros en situación irregular. Aunque las estimaciones iniciales del Ejecutivo se situaban en el medio millón de personas, análisis independientes realizados por Funcas sugieren que el número real de beneficiarios podría acercarse al millón, situándose en torno a los 870.000. El plazo para presentar las solicitudes en las oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería comienza este jueves y concluirá el 30 de junio de 2026.

El texto definitivo de la norma ha sido endurecido tras las observaciones del Consejo de Estado, que llegó a criticar el “considerable desorden” del borrador original. La principal novedad radica en la obligatoriedad de presentar un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales en cualquier país donde el interesado haya residido en los últimos cinco años. Para agilizar el proceso, el Gobierno colaborará con los inmigrantes: si el solicitante no obtiene el documento en un mes, el Ministerio de la Presidencia podrá tramitarlo por vía diplomática en un plazo de tres meses. Si tras este periodo y una prórroga de 15 días adicionales no se logra la documentación necesaria, el extranjero quedará fuera del proceso.

Para ser elegibles, los candidatos deben demostrar que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido en el país al menos cinco meses consecutivos y no representar una amenaza para el orden público. Asimismo, se requiere acreditar un vínculo laboral, la permanencia junto a familiares dependientes o menores, o una situación de vulnerabilidad. En el caso de los solicitantes de asilo, solo se les exigirá abandonar la vía de protección internacional una vez les sea concedida oficialmente la residencia extraordinaria.

La medida no está exenta de conflicto político y social. Sumar ha manifestado su discrepancia con la exigencia de los antecedentes, defendiendo que los obstáculos administrativos no deben frenar el proceso. Paralelamente, Comisiones Obreras ha anunciado huelgas en las oficinas de extranjería por la sobrecarga laboral prevista. Mientras formaciones como Compromís denuncian la exclusión de los inmigrantes saharauis, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la iniciativa desde Pekín como una cuestión de “interés económico” frente al “invierno demográfico” y un imperativo moral.