EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.Hace menos de un mes, el Gobierno de Costa Rica aceptó recibir hasta 25 personas deportadas o expulsadas desde Estados Unidos por semana. Aproximadamente 100 personas al mes que quizás huyeron de situaciones de violencia en sus países, de una persecución política o religiosa, o del hambre, el desempleo y la desesperanza por falta de oportunidades. Como podría hacerlo cualquiera de nosotros, esas personas arriesgaron todo para sentirse a salvo o en busca de una vida mejor.¿Fueron sus derechos respetados en Estados Unidos? ¿Recibieron un trato humano? En el caso concreto de las 25 personas, no lo sabemos y pareciera que al Gobierno de Rodrigo Chaves no le importa. Un informe publicado recientemente por American Friends Service Committee y siete organizaciones más de Mesoamérica, precisamente, documenta que prevalece la crueldad en los procesos de detención y deportación en Estados Unidos.Al aceptar a estas 25 personas deportadas el sábado 11 de abril desde Estados Unidos, sin hacer preguntas, Costa Rica echa por la borda los principios humanistas que han caracterizado al país, y se vuelve cómplice y responsable internacionalmente por la aplicación de políticas migratorias violentas y crueles con la humanidad.Una vez en suelo costarricense, no hay garantías de que sus derechos serán plenamente respetados. En la práctica, están siendo tratadas como objetos. Las autoridades usan eufemismos, disfrazan sus acciones de supuesta ayuda humanitaria, sin embargo, esto no es real: darles hospedaje y alimentación por siete días no les resuelve su situación ni sus necesidades de protección. ¿Transcurridos los siete días, cuáles son sus opciones? Algunas de las personas están al otro lado del mundo de sus lugares de origen. Algunas pueden ser refugiadas según el derecho internacional, pero su reconocimiento podría tardar varios años mientras realizan los trámites que actualmente exige el país. Mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Vagan por las calles? ¿Pasan hambre?Recordemos lo que pasó en febrero de 2025: 200 personas detenidas y posteriormente deportadas desde Estados Unidos, incluidas niñas y niños, llegaron a Costa Rica y permanecieron detenidas por más de 60 días. ¿Se les dio alimentación? Sí; ¿se les brindó un lugar para dormir? Sí; ¿se les privó de su libertad? Sí; ¿se les quitó sus documentos? Sí; ¿se les brindó educación y espacio de recreación? No; ¿se les brindó atención pertinente en salud? No; ¿se atendió el trauma que habían enfrentado? No; ¿se cumplió con la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica que ordenó su liberación, garantizarles derechos básicos y condenó al Estado por esto? No; ¿se les ha hecho justicia? No.La mayoría de aquellas 200 personas fueron obligadas a volver a sus países y no sabemos lo que les pasó al regresar. Otro pequeño grupo decidió intentar volver a Estados Unidos, y menos de 15 personas están todavía en Costa Rica. Entre estas: tres familias de Afganistán, Rusia y Azerbaiyán. Las conozco porque varias organizaciones hemos estado apoyándoles para que sobrevivan en un país al que no planeaban venir, que no garantizó sus derechos y que siguen sin entender bien.Más de un año después de que estas personas arribaron al país contra su voluntad, puedo afirmar, con conocimiento de causa, que han enfrentado enormes desafíos. No han recibido atención en salud cuando lo han necesitado, se les dio un documento de identidad que no es aceptado en numerosos lugares, tuvieron dificultades para abrir una cuenta bancaria, no han logrado conseguir trabajo estable porque no hablan español. Hasta el momento, gracias a la solidaridad de la comunidad cuáquera de Monteverde, tienen un lugar donde vivir, algo para alimentarse y han recibido atención médica en casos urgentes. Frente a esto, la actitud del Gobierno ha sido de limpiarse las manos, pasarse la bola y dejarlos a la deriva. Todo ello, consecuencia de decisiones entre Estados, en el marco de políticas y cálculos deshumanizantes.No podemos ser indolentes frente a este drama humano. Frente a nuestros ojos hay personas, seres humanos con sueños, ilusiones, deseos de vivir. Si el Gobierno sigue aceptando a estas personas, debe hacerse cargo de sus necesidades. Siete días no son suficientes.Lo denunciamos recientemente más de 40 organizaciones defensoras de derechos humanos. El acuerdo con Estados Unidos debilita los principios mínimos que reconocen nuestra humanidad común. Esto no les pasa solo a estas 25 personas, o a las siguientes que vendrán, nos pasará a todas si callamos frente a la indolencia de las autoridades.Nos invito a levantar nuestras voces. Exijamos al Gobierno que asuma su responsabilidad con seriedad. Este es un tema de humanidad que nos concierne a todos y todas.Marcia Aguiluz Soto es directora para América Latina y el Caribe en American Friends Service Committee.