Los abogados particulares y las organizaciones del tercer sector que trabajan con los migrantes están preocupados por no contar aún con los documentos concretos que deberán presentar los extranjeros para optar a la regularización extraordinaria planteada por el Gobierno. Y las oficinas donde entregarlos. Y las organizaciones colaboradoras en cada provincia. Son extremos que aún desconocen quienes tendrán que prestar su ayuda, con ánimo de lucro o sin él, a los centenares de miles de extranjeros que estos días rozan ya con los dedos un permiso de residencia y trabajo. Mientras una estimación del Ministerio de Migraciones calcula que podrían recibirse 750.000 solicitudes en un plazo que concluye el 30 de junio, lo que pondrá a prueba el funcionamiento de la Administración, las ONG echan en falta haber recibido por adelantado una información más detallada que les facilite la organización previa de un proceso que el Gobierno ha calificado de “hito de la legislatura”. Este miércoles se publica en el BOE el decreto definitivo, cuyos extremos se han ido conociendo poco a poco y que recoge las líneas básicas de la regularización. Pero faltan los documentos modelo para entregar en las oficinas al presentar la solicitud. “Nos pasamos el día mirando la página web del ministerio para ver si se van publicando los formularios que tendremos que cumplimentar”, explica Mónica López, directora general de CEAR, una de las grandes organizaciones de colaboración con los migrantes. Asegura que su equipo de abogados escruta minuciosamente el decreto tratando de inferir entre la letra gorda la letra pequeña. Saben que la estancia de cinco meses en España que se requiere a los interesados en la regularización deberá demostrarse con “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar la identidad”. Ese marco amplio, que valoran, les suscita algunas dudas porque aún no saben si servirá un abono de transporte, un informe médico, el empadronamiento… “Por si acaso, nosotros les estamos recomendando [a los extranjeros] que recaben todos los papeles que acrediten su identidad”, explica López. Estas entidades tendrán también la facultad, junto con las dependencias de servicios sociales, de certificar la situación de vulnerabilidad en España de algunos migrantes irregulares, uno de los requisitos optativos para acceder al proceso, pero aún no conocen el formulario ni con qué detalle ni documentos tendrán que demostrar esa vulnerabilidad. Y eso que el Consejo de Estado ya pidió a Migraciones que detallara más ese extremo y así lo recogieron en el último decreto: si “atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de la misma, dichos elementos afectan a sus condiciones de vida o al acceso efectivo a sus derechos”. ¿Con qué papeles se debe demostrar eso? “Esperamos que todos esos formularios los vayan colgando pronto de la web del ministerio o de la plataforma Mercurio”, también habilitada para ello, dice López, quien valora la regularización como una medida necesaria y positiva. El ministerio, en efecto, ya ha ido colgando algunos documentos con preguntas y respuestas en su web, donde se van detallando oficinas, horarios, teléfonos de cita previa y varios requisitos más. Los antecedentes penales serán la gran piedra en el zapato de todos en este proceso, por la dificultad que supone reclamarlos a los países de origen – ya hay colas enormes en los consulados – y que sean entregados a tiempo. El ministerio ha explicado a este periódico que quien no consiga la historia penal en su país de origen deberá formalizar la solicitud acompañada de un justificante en el que se indique que se han solicitado los antecedentes, que no se han recibido en un mes y donde se autorice al Ministerio de Justicia a pedirlos por vía diplomática. Pero las organizaciones todavía no sabían este martes si debían presentar la solicitud en ausencia de los antecedentes penales. El decreto recoge la suspensión por tres meses del proceso mientras se intenta la vía diplomática para recabar los penales, sin los cuales no habrá oportunidad alguna para el migrante.El documento que certifique la inexistencia de delitos en los cinco años anteriores al viaje a España, en el país de origen o en otro cualquiera, dará algún dolor de cabeza, porque no todos los países son proclives a entregar eso a las personas en situación irregular o suficientemente resolutivos al hacerlo. ¿Prevé el Gobierno problemas con eso? “No creo, porque no son delincuentes”, ha dicho la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Seguramente, pero el hecho es que tienen que demostrar que no lo son. El Gobierno no da estimaciones de cuántos podrían quedarse fuera del proceso por no tener esos papeles. Se enfrentarán a cada incidencia que surja, dicen, según vayan surgiendo. Para ello, el Ejecutivo ha habilitado alrededor de 450 oficinas en todo el territorio y ha reforzado el personal con de más de 550 profesionales. “Llevábamos mucho tiempo esperando esta regularización, con la que estamos del todo de acuerdo, por supuesto”, dice López, de CEAR, pero a la vez teme “el nerviosismo de la gente”. “Vendrán a las oficinas y necesitamos agilizar todo”, explica. Lo publicado hasta ahora en la web del ministerio adolece todavía de una generalidad que no permite una intervención administrativa detallada. “Hemos llegado a pensar que con la publicación del decreto encontraríamos una vacatio legis, es decir, un tiempo de unos días para poder preparar todo hasta su entrada en vigor”, indica López. Ya se verá. “Absolutamente”, responde Beatriz Cantero Rivero cuando se le pregunta si no hubieran deseado un poco más de antelación para prepararse ante estos trámites. “¿Cómo será el informe de vulnerabilidad, habrá un modelo oficial o tendremos que diseñar el nuestro? ¿Cómo haremos para demostrar todo eso? Nos habría aliviado haber tenido los formularios hace un mes”, asegura la coordinadora de Mujeres P’alante, una organización que lleva 20 años trabajando en este terreno. “Estamos felices, pero sufriendo”, ríe al teléfono, porque han estado esperando mucho tiempo esta regularización que “es de justicia social”. “Los extranjeros hacen aporte a la economía y no deben tener miedo. Hay niños que no salen de sus colonias”, cuenta. Pero dice que “la casuística que va a darse es enorme” y no están informados sobre cómo afrontarla. “Hay niños, hay gente sin pasaporte, porque no todos los que entran en patera lo tienen, ni certificado de viaje. Ay la que se nos viene”, dice sin dejar de estar feliz por haber conseguido la ansiada regularización. La casuística, en efecto es mucha. Por ejemplo, la que comparte Maria Creixell, coordinadora de Obrim Fronteres, una organización que trabaja en Cataluña y que ha solicitado su registro para colaborar en este proceso de regularización. Están esperando a ver si les autorizan. “Hemos tenido problemas informáticos que nos ha costado una semana resolver”. La regularización es un proceso complicado que debe resolverse en un tiempo corto y que puede tensionar los servicios administrativos. Además de los diferentes servicios ministeriales involucrados, el Gobierno ha decretado que la empresa pública Tragsa, y su filial Tragsatec, sean las encargadas de prestar al Gobierno apoyo técnico en los trámites administrativos de carácter instrumental, de gestión material y de canalización documental. El personal de Correos también realizará tareas de información o ayuda a las personas interesadas, así como la gestión material de los procedimientos.Por ahora, las ONG todavía celebran que por fin se haya aprobado el decreto en el Consejo de Ministros y que se publique en el BOE, el pistoletazo de salida para sacar a la luz a miles de personas que viven y trabajan en España con las dificultades propias de estar en situación irregular. En la redacción del texto han intervenido varios ministerios y decenas de organizaciones, así como la plataforma social que recabó más de 600.000 firmas que dieron origen a esta regularización. Esa es la razón de que la ministra Saiz asegure que el texto “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”.