Así es la nueva regularización extraordinaria: los inmigrantes tendrán que demostrar que no tienen antecedentes penales para solicitarla
El Ejecutivo incorpora a última hora la obligación de acreditar la ausencia de antecedentes penales, tras el aviso del Consejo de Estado, que consideró insuficiente la fórmula inicial prevista en el borrador del decreto
La Razón, , 14-04-2026El Gobierno ultima la aprobación de la
regularización extraordinaria
que permitirá conceder
residencia y permiso de trabajo
a alrededor de
medio millón de personas migrantes
en situación irregular.
La medida, que el Ejecutivo prevé aprobar en el
Consejo de Ministros
, llega tras más de dos meses de trámites desde que se anunció el procedimiento.
En un giro inesperado, el Gobierno exigirá ahora a los inmigrantes probar que no tienen antecedentes penales para regularizarse
, un cambio introducido tras las advertencias del
Consejo de Estado
, que consideró “inadecuada” la fórmula inicial prevista en el borrador.
El ministro de Justicia,
Félix Bolaños
, aseguró h
oras antes de la reunión en Moncloa que el Gobierno seguía trabajando para que el decreto pudiera salir adelante, subrayando la importancia de dar una
respuesta ordenada
a una realidad consolidada en el país.
El Consejo de Ministros prevé aprobar un proceso excepcional que permitirá
trabajar desde el primer día
con solo la
admisión a trámite
, una medida que el Ejecutivo considera clave para facilitar la integración laboral inmediata.
El real decr
eto ha estado pendiente del
dictamen del Consejo de Estado
, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 27 de enero iniciar la tramitación de urgencia tras un acuerdo entre
PSOE y Podemos.
Con esta vía, el Ejecutivo retoma el espíritu de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
respaldada por más de
700.000 firmas
y tomada en consideración por el Congreso en 2024, aunque posteriormente quedó bloqueada.
El requisito de demostrar que no se tienen antecedentes penales se convierte en el punto más sensible de la regularización extraordinaria
La regularización extraordinaria pretende resolver situaciones de
irregularidad prolongada
y facilitar la
integración social y laboral
de personas que ya viven en España desde hace años.
El decreto establece que podrán acogerse al proceso los
solicitantes de protección internacional
que hubieran presentado su solicitud antes del
31 de diciembre de 2025
, independientemente de si fue aceptada o denegada.
También podrán hacerlo los
migrantes económicos
que acrediten haber residido en España antes del
31 de julio de 2025
, lo que implica demostrar al menos cinco meses de permanencia antes del cierre del año.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá a principios de abril y se extenderá hasta el
30 de junio
, con un tiempo máximo de resolución de
tres meses. No obstante, la mera
admisión a trámite
, que no debería superar los
15 días
, permitirá a los solicitantes
trabajar desde el primer día.
La autorización será de
residencia con permiso de trabajo
, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector.
Tendrá una vigencia inicial de
un año
, prorrogable mediante las vías ordinarias del
Reglamento de Extranjería. Además, el proceso permitirá regularizar simultáneamente a los
hijos menores
presentes en España, que obtendrán autorizaciones de
cinco años.
Uno de los puntos más sensibles del decreto es precisamente la exigencia de
carecer de antecedentes penales. El Consejo de Estado advirtió que la fórmula inicial, que permitía sustituir el certificado por una
declaración responsable
, era “inadecuada” para un proceso de esta magnitud.
El Gobierno ha ajustado este aspecto para
reforzar las garantías. El órgano consultivo también cuestionó que la solicitud de regularización
suspendiera el procedimiento de asilo
, recomendando eliminar esa cláusula, y pidió
endurecer la acreditación de vulnerabilidad
, eliminando la presunción automática incluida en el borrador.
España ha aprobado
seis regularizaciones extraordinarias
desde 1986 y más de
40
se han realizado en la Unión Europea desde los años 90, las últimas en
Italia
y
Portugal
en 2020 y 2021.
La medida, si se aprueba, será una de las más relevantes en materia migratoria de las
últimas dos décadas.
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