La regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de manera sorpresiva el pasado enero, tras más de dos años rechazando las presiones de sus … socios de la izquierda para llevarla a cabo, está ya en marcha. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto – con rango de reglamento, lo que significa que no tendrá que ser sometido a votación en el Congreso – que endurece parcialmente los requisitos exigidos en los borradores previos a los inmigrantes que quieran acogerse a la medida. No porque ahora exija acreditar más meses de permanencia ininterrumpida en España (siguen siendo cinco), sino porque, como requirió el Consejo de Estado en su dictamen no vinculante, ya no contempla la posibilidad de que el certificado de penales que deben presentar los solicitantes sea sustituido por una mera declaración responsable.

La iniciativa, que Pedro Sánchez defendió ayer desde China, llega en medio de un enorme ruido político, con la oposición férrea del PP y de Vox. Ambos cuestionan las bondades de un proceso que el Ejecutivo presenta como una vía lógica para que 500.000 inmigrantes que ya se encuentran en España trabajando en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar y pagar impuestos. Entre otras cosas, porque sostienen que la cifra de posibles beneficiarios alcanzará 1,2 millones de personas si se computan reagrupaciones familiares y alegan que la Administración no tiene recursos para hacerle frente. Pero también porque ponen en duda que todos ellos estén trabajando y que, a partir de ahora, vayan a hacerlo de manera legal.

El Ejecutivo, consciente de que el discurso de la derecha cala incluso entre una parte importante de sus propios votantes, se afanó ayer en construir un relato para, en la medida de lo posible, neutralizarlo. Pedro Sánchez recordó desde Pekín que esta no es la primera regularización de la democracia (de hecho es la séptima), subrayó que el propio José María Aznar optó por dar papeles a medio millón de inmigrantes en su momento y argumentó que han sido las organizaciones sociales, pero también la Iglesia católica y la patronal, que entiende que «se necesita mano de obra para continuar creciendo», quienes más la han defendido.

El jefe del Ejecutivo no se limitó a esa declaración. También remitió una carta a la ciudadanía en la que alega que esta regularización es «un acto de normalización» y «orgullo» que reconoce la realidad de personas que ya cuidan a nuestros mayores, trabajan en el campo o emprenden en las ciudades. Y «un acto de justicia con nuestra propia historia», remató.

Lo cierto es que, hasta hace pocos meses, el propio PSOE rechazaba la regularización masiva propuesta en una Iniciativa Legislativa Popular, cuya tramitación apoyó incluso el PP en abril de 2024, con el argumento de que el marco jurídico europeo «no permite una regularización generalizada». Proponía en su lugar una regularización «caso a caso» basada en la contratación de trabajadores en sus países de origen. Cuando la presión de sus socios se hizo insostenible, ofreció como alternativa la reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada en noviembre de 2024 y calificada por Podemos de «puro maquillaje». Fue precisamente esa norma la que, al entrar en vigor en mayo de 2025, amenazó con dejar en la irregularidad a más de 275.000 solicitantes de asilo y terminó acelerando un giro en el que también tuvo que ver la necesidad de congraciarse con la formación de Ione Belarra ante su extrema debilidad parlamentaria.

Además de la permanencia y la ausencia de antecedentes penales, el decreto aprobado ayer exige demostrar uno de tres supuestos: haber trabajado con contrato legal; convivir con menores de edad, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado; o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante certificado descargable de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz. Esta última vía es la más amplia y la más imprecisa. El Consejo de Estado le puso objeciones que no han sido atendidas.

El Ejecutivo sí ha atendido, en cambio, la recomendación de eliminar la declaración responsable como sustituto del certificado de penales, algo a lo que también había puesto pegas Interior. Y también ha modificado el tratamiento de los solicitantes de asilo, que ya no tienen que renunciar a su protección internacional en el momento de pedir la regularización, sino solo cuando esta les sea concedida.

El Gobierno se escuda en los resultados de las regularizaciones previas. Saiz subrayó ayer que, según un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, un órgano técnico dependiente de Presidencia, con una reducción de la migración del 30% en el año 2075 «el PIB se reduciría un 22%, más de 90.000 bares desaparecerían, habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes».