Dos votaciones y una negociación entre medias. Una, el decreto para la prórroga de los alquileres, que previsiblemente pasará a examen en el Congreso el … próximo 28 de abril – para que, en caso de que salga adelante, se publique en tiempo y forma en el BOE. Otra, la prohibición del burka en los espacios públicos. Y aunque, aparentemente, la materia de las propuestas dista mucho una de otra, las negociaciones que están liderando desde Sumar, que tiene como objetivo evitar que puedan subir los precios de las viviendas arrendadas, están en medio.

Pese a que en un principio apuntaba a que la formación a la izquierda del PSOE podría llegar a abstenerse en la votación de la prohibición del burka, unas horas más tarde han acabado por posicionarse en contra. La portavoz del grupo que lidera Yolanda Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, reconocía este martes, 14 de abril, que su formación está negociando – casi a contrarreloj ya que el límite para que la prórroga de alquileres pase por el Congreso es el 29 de abril – con los independentistas para intentar sacar adelante el decreto. Pese a que las conversaciones están aún en una fase muy inicial, desde Sumar son positivos con el hecho de que los de Puigdemont se hayan sentado a dialogar. Según explican fuentes de la formación de la izquierda, en esas negociaciones «hay agua en la piscina».

Y mientras las conversaciones suceden entre Sumar y todas las formaciones que conforman el Congreso, a excepción de Vox y PP que han rechazado sentarse a negociar este asunto, la Cámara baja votará este martes por la tarde la proposición de ley de Junts para prohibir el burka en los espacios públicos. Y aunque hay algunas formaciones que consideran que la medida podría llegar a ser positiva hacia las mujeres – ya que consideran que puede ser una manera de actuar contra un símbolo de opresión – , hay otros grupos políticos que creen que la propuesta podría condenar a estas personas a un mayor aislamiento social.

Tanto desde la dirección de Sumar como de la de los Comunes reconocían a primera hora de la mañana que todavía no habían decidido el sentido de su voto, por lo que, entre las posibilidades, existía la opción de que abstuviesen. «Estamos dándole vueltas dentro del grupo parlamentario, pero nuestra votación no va a ser favorable», aseguraba la portavoz adjunta del grupo y diputada de los Comunes, Aina Vidal. «Tenemos dudas sobre que la prohibición sea el camino oportuno y ayude realmente o contribuya a invisibilizar y dejar en casa a las mujeres».

Sin embargo, finalmente votarán en contra de la medida, como también harán desde el PSOE. De esta forma, el socio minoritario del Ejecutivo mantiene la postura que siguió en febrero, tras un debate interno donde sectores del grupo se abrían a la opción de la abstención como gesto hacia los postconvergentes en la negociación sobre el decreto de vivienda. Algunas voces de la coalición se oponían a ligar el voto a la propuesta de ley de Junts mientras que también había integrantes en la coalición que se abrían a moverse a la abstención si les ofreciesen «garantías» de que los de Puigdemont podrían ser «responsable» con la prórroga de alquileres.

La incógnita momentánea sobre el voto de la izquierda llegaba solo un mes después de que el Congreso ya rechazase una medida similar, que en aquel momento contó con el voto en contra de Junts. En aquel momento, se trataba de una proposición de ley presentada por Vox. De hecho, desde la izquierda acusaron a Vox de promover una propuesta que nacía del «racismo».

No obstante, la medida de los independentistas no saldrá adelante por no contar con el apoyo ni del PSOE, que se ha mostrado más favorable a la creación de una subcomisión para abordar esta materia, ni con el de PP, que ya había adelantado su postura. Tampoco tendrá el voto de Vox ni Sumar.

La iniciativa de Junts establece una prohibición taxativa del uso de velos integrales, como el burka o el niqab, en todo el espacio público. Esta restricción abarcaría desde la vía pública y los medios de transporte hasta cualquier dependencia administrativa de acceso ciudadano. La formación justifica esta medida bajo el argumento de garantizar la seguridad ciudadana y la dignidad de la mujer, argumentando que la ocultación del rostro impide la identificación necesaria en una sociedad democrática y segura.

La propuesta vincula, también, la seguridad con la soberanía territorial mediante la delegación de competencias para la Generalitat de Cataluña. Los de Puigdemont quieren que, así, el Ejecutivo catalán asuma el control del orden público en infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos. Según exponen, esta expansión del poder autonómico les permitiría gestionar directamente los controles fronterizos. Además, la normativa refleja que serían las instituciones catalanas las encargadas de la gestión documental de la identidad. A través de un cuerpo de funcionarios propio, la Generalitat pasaría a emitir documentos oficiales como el DNI, el Pasaporte o el NIE.