Sin conocer exactamente qué exigirá el proceso para acogerse a la regularización de inmigrantes que va a aprobar este martes el Gobierno, Gisela Díaz ya ha reunido toda la documentación posible y se la ha enviado a su abogado. Esta colombiana de 37 años lleva dos en España esperando una oportunidad como la que ahora se abre y no quiere perder tiempo. En cuanto escuchó el anuncio de la regularización en televisión en enero, mientras trabajaba como interna cuidando a una mujer de 92 años, se puso manos a la obra: reunió su empadronamiento, hizo copia del pasaporte y solicitó a su Colombia natal el certificado de antecedentes penales. Gisela está eufórica porque dice que cuando migras a otro país “desgraciadamente pierdes tu dignidad si no tienes papeles”, sin embargo, cuenta que los empleadores no están tan contentos. Mientras eres un trabajador ilegal, no tienes derechos.

El Gobierno calcula, con estimaciones de las organizaciones que trabajan con migrantes, que la regularización podría beneficiar a medio millón de personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 800.000 en situación irregular. Gisela se emociona porque le hubiese gustado ahorrarse años de sufrimiento y haber conseguido regularizar su estatus migratorio cuando aterrizó en España. “Como trabajadores inmigrantes sin papeles nos exponemos a muchas cosas: empleos mal remunerados, con un horario excesivo y malos tratos”, explica la mujer. Lo único que pide ahora es poder trabajar ocho horas con un contrato en una residencia de mayores, para lo cual se ha estado formando desde que llegó.

Con la regularización, cada sueño toma una forma propia. Para Luna, que no ha salido de España desde su llegada en 2023, significa poder volver a Argentina y pasar unas semanas con su familia, a la que no ve desde entonces. “Me fui y nunca más volví”, dice la mujer de 28 años a quien, al llegar a España comenzó a buscar vivienda, lo único que le ofrecían eran habitaciones sin ventanas, lejos de Madrid y por más de 300 euros al mes. “Recuerdo una casa en la que una familia completa, con niños, vivía en una sola habitación”, relata Luna. El único espacio común en el piso era una cocina diminuta con cuatro sillas; eran más los que vivían allí que los que podían sentarse.

Como Gisela, Luna también se ha dado prisa en reunir todos los documentos para presentarlos nada más se abra el plazo. “Es la ansiedad de no querer demorar ni un minuto más porque ya llevo tres años en esta situación”, asegura la joven y describe la medida como un “halo de esperanza”. Luna no solo espera ver a su familia, sino poder cambiar su empleo en una casa de empanadas argentinas. “Sin papeles, uno siempre está en desventaja frente al empleador porque él cuenta con una empresa y una estructura, mientras que al estar regularizada hay mucha más oferta laboral”, sostiene.

Decenas de inmigrantes hacen cola en el Ayuntamiento de Valencia, a 5 de febrero de 2026, en Valencia.
Rober Solsona (Europa Press)
Los abogados de extranjería prevén que la regularización permitirá acceder al empleo legal en torno a un mes después de iniciar el trámite. “El procedimiento tiene dos fases, la primera es la admisión a trámite que tarda aproximadamente un mes y, luego, llega la resolución. En las admisiones no se comprueba que la documentación esté correcta, sino que esté todo lo solicitado. Lo que han dicho es que las personas van a poder trabajar desde la primera fase”, afirma Francisco Pulido a cuyo despacho, González Pulido Abogados, en Madrid, han llegado cientos de nuevos clientes a raíz de la regularización.

Para Pulido, esto significa que la propia administración está “reconociendo que no va a poder tramitar todas las solicitudes en los tres meses que se han dado de plazo”. El abogado, basándose en procesos similares y en el volumen de solicitantes previsto, calcula que la resolución tardará más de lo previsto, si no es así significa que la Administración ha puesto mucho más recursos humanos a trabajar en ello, “pero eso no es lo que hemos visto hasta el momento”. Más optimistas son las asociaciones que ayudan a los migrantes, Marcela Simonetta, abogada de Mujeres Migrantes, sostiene que España “es pionera y tiene experiencia en procesos extraordinarios de regularización que han salido bien” porque esto “no se da en muchos países de Europa”. Simonetta defiende que la regularización “va a saldar una deuda” y ayudará a desmontar los discursos de odio que asocian a los migrantes con la ilegalidad y la idea de que “vienen a quitarle el trabajo a los españoles”.

Lo único que reprocha es que el Gobierno debería haber comunicado mejor la medida, “poniendo el mismo énfasis en el anuncio, que en advertir de que todavía no se sabía qué se iba a exigir para poder solicitarla”, ya que está dirigida a poblaciones “altamente vulnerables”. El abogado de extranjería, Pulido, señala que a partir de este martes vienen días de “mucha locura”. Lo que han hecho en su despacho es apuntar en orden de llegada a la gente que ha solicitado sus servicios. “Hay clientes que nos ha dicho que nos pagaría más para que presentáramos su solicitud primero, pero nos hemos negado porque eso es convertir el proceso en una subasta y es deshonesto”, cuenta el abogado.

Dilson Corvacho, venezolano de 29 años, llegó a España hace apenas unos meses sin recursos para costear un abogado que le acompañe en el proceso. La decisión de emigrar no fue fácil, pero la situación económica en su país lo empujó a hacerlo porque con su salario no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Dilson ha puesto toda su confianza en que la regularización se convierta en una oportunidad decisiva para mejorar su vida, quiere dejar atrás su trabajo como camarero y abrirse camino como comercial. Vive estos días pendiente de reunir toda la documentación necesaria para presentar su solicitud, aunque reconoce una preocupación: que el certificado de antecedentes penales de Venezuela, cuyo trámite suele demorarse, no llegue a tiempo.