El Gobierno aprobará este martes el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes tras recibir las observaciones del Consejo de Estado, por lo que podría comenzar a tramitarse desde el jueves, un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que el Ejecutivo estuvo trabajando en la norma en los últimos días con el dictamen del órgano consultivo, que planteó «observaciones para mejorar el texto».

Bolaños defendió la medida, que dará permiso de residencia temporal a medio millón de extranjeros que están en una situación irregular, al asegurar que los potenciales beneficiarios son migrantes que viven en España «sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda pública». Justificó que se trata de una acción «de justicia» que también va a significar mayores recursos para el Estado del bienestar, con la que PP y Vox chocan. Los populares planean una ofensiva política, parlamentaria y jurídica, e incluso llevarla a Europa; los de Abascal interpondrán un recurso ante el Tribunal Supremo y pedirán la suspensión cautelar de su aplicación una vez el Consejo de Ministros dé luz verde al real decreto.

El dictamen del Consejo de Estado avala la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del país, pero hace algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas relativa a la flexibilidad que ofrece el texto para acreditar la ausencia de antecedentes penales. Este recoge que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en el plazo de otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.

Sin embargo, el órgano consultivo advierte de que esta fórmula, la de la declaración responsable, resulta «inadecuada» para un proceso masivo de tramitación que afectará a un número muy elevado de personas y permite «relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso». Por eso, pide «dejar claro» que esos solicitantes deben aportar ese certificado o documento equivalente y que, «de no hacerlo al presentar su petición, el correspondiente procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta su aportación».

El informe del órgano consultivo también advierte del impacto presupuestario del procedimiento. Indica que la memoria económica sobre la regularización se limita a indicar que el coste «está siendo objeto de estudio», lo que califica expresamente como una «laguna llamativa». Afirma que la nueva regulación implicará un «complejo y masivo» proceso de presentación, tramitación y resolución de solicitudes; por eso insiste en que el diseño de los procedimientos debe adaptarse a ese desafío, sugiriendo que algunos aspectos «requieren ser repensados y revisados». La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, había asegurado que la tramitación sería sencilla y ágil, lo que permitiría que todos los interesados llegasen a tiempo al proceso de regularización antes del 30 de junio, cuando cierre el plazo.

La norma establece que solicitar el arraigo supondría paralizar la tramitación de la protección internacional en curso, algo que rechaza el Consejo de Estado al considerar que puede generar «inseguridad» para los solicitantes. Por ello, exige su supresión y otorga a esta objeción el carácter de «esencial».

Más allá del contenido material, el dictamen incluye reproches sobre la construcción jurídica de la norma y advierte de «desorden y falta de sistemática» en la estructura normativa. El consejo cuestiona el uso de disposiciones «transitorias» para regular lo que en realidad es un régimen nuevo, y propone reordenar el texto para mejorar su coherencia dentro del Reglamento de Extranjería.

Dudas sobre Tragsa y Correos

El dictamen también revela que habría sido «recomendable» recabar el informe de la Agencia Española de Protección de Datos, dado el impacto significativo de la medida sobre el tratamiento de datos personales, y muestra dudas sobre la elección de la empresa Tragsa para «colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse para obtener las nuevas autorizaciones que el proyecto plantea instaurar». Señala que las actividades que se encomienden a Tragsa «deberán ceñirse a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental; es decir, a ámbitos de colaboración instrumental dentro del complejo proceso de gestión a que se viene haciendo referencia».

Respecto a Correos, avisa de que representa «otra dificultad» para que sus servicios «puedan eficazmente organizarse y prestarse dentro de los plazos de tramitación de los procedimientos contemplados por el proyecto».

El dictamen fue aprobado en la comisión permanente del pasado jueves y acto seguido se remitió el informe al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del órgano consultivo después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Desde el departamento que dirige Elma Saiz han afirmado que el Ejecutivo «está trabajando» para incluir las recomendaciones del Consejo de Estado para poder aprobarlo «lo antes posible».

Consideran que las recomendaciones del Consejo de Estado «caminan en la misma línea del texto original y respetan la esencia del real decreto y las valora positivamente a la hora de clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación». Saiz también afirmó que la protección internacional «estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)», en respuesta a lo señalado por el Consejo de Estado al respecto.

Además, señaló que procederá a aclarar la definición de vulnerabilidad, como indica el Consejo de Estado, «de manera que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud». Sobre los antecedentes penales, el Gobierno insiste en que carecer de los mismos «ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso, así como tener un plazo para demostrarlo». «Además se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública», aseguró.