PP y Vox plantarán batalla al decreto de regularización de inmigrantes que, previsiblemente, aprobará este martes el Consejo de Ministros, con la ausencia de Pedro Sánchez que se encuentra de viaje oficial en China. En concreto, los populares planean una ofensiva política, parlamentaria y jurídica y llevarla incluso hasta Europa para oponerse a esta iniciativa que dará permiso de residencia temporal a unos 500.000 extranjeros, según el Gobierno, que ya viven en España de manera irregular y que en el primer partido de la oposición tildan de “barbaridad”. En paralelo, la formación de Santiago Abascal interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar de su aplicación una vez que la iniciativa tenga luz verde.

En concreto, los populares planean una ofensiva política, parlamentaria y jurídica e incluso llevarla a Europa para oponerse a esta iniciativa que dará permiso de residencia temporal a unos 500.000 extranjeros, según el Gobierno, que ya viven en España de manera irregular y que en el primer partido de la oposición tildan de «barbaridad». En paralelo, la formación de Santiago Abascal interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo y pedirá la suspensión cautelar de su aplicación una vez que la iniciativa tenga luz verde.

En el PP insisten en que va a hacer todo lo que esté en sus manos «y más» para frenar en seco el plan del Ejecutivo pero piden «prudencia» para concretar cuál serán las medidas que activarán primero a la espera de se conozca el texto definitivo. «La regularización es perjudicial para todos», se quejó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, durante la habitual prensa de los lunes en la sede nacional de Génova. El Gobierno trabaja contra reloj para llevar el real decreto al Consejo de Ministros de este martes, después de analizar si incorpora las apreciaciones realizadas por el Consejo de Estado, entre ellas la relativa a los antecedentes penales de los beneficiarios.

Un proceso que, según explican en Moncloa, permitirá a los sin papeles acceder a servicios básicos, como la vivienda, además de su integración de forma «plena y progresiva» en el sistema pero que en el primer partido de la oposición ven un «sinsentido» que premia la irregularidad empujando a miles de personas «en brazos de las mafias» y que depaupera los servicios públicos. «No sabemos cuántos son, quiénes son, dónde están estas personas, de dónde vienen. Qué va a pasar con sus antecedentes penales», aseveró Ezcurra sobre los extranjeros que resultarán beneficiados por la regularización masiva y que Funcas cifra en 840.000, mientras que la Comisaría General de Extranjería habla de 1, 2 millones o el CNI en 1,3 millones.

El PP se sitúa en un punto intermedio entre la posición del Gobierno para regularizar la situación de aquellos inmigrantes que ya viven y trabajan en España, pero de manera irregular., que coincide en esta ocasión con la de la Iglesia, y la de Vox, que apuesta por todo lo contrario y les enseña la puerta de salida. «Para nosotros, ni brazos abiertos sin orden ni puños cerrados sin compasión», señaló la número tres de los populares, que sí advirtió de que quién «delinque o altera la convivencia» debería de ser expulsado de España.

Invasión migratoria
Para Vox, la iniciativa es «una forma de corrupción» y se muestra muy crítico con que se vaya a producir «por un simple decreto». «Lo que se va a producir mañana es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. El Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo: venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Pero nosotros no nos vamos a quedar parados ante este enésimo ataque al pueblo español», señaló el secretario general, Ignacio Garriga.

La derecha radical, que quiere volver a poner sobre la mesa el debate sobre la inmigración, en el que se siente fuerte, ha insistido en la idea de que «los españoles, primero» en ayudas sociales, vivienda o acceso a los servicios públicos. «Todos los españoles coincidirán con nosotros en que un padre le da un bocata a su hijo antes que al vecino», resumió el diputado catalán, que confirmó que si su formación llega al Gobierno, establecerá contactos «con los países de los que salen los cayucos, alentados por las mafias, para frenar esas salidas y establecer mecanismos de colaboración y que los acepten de vuelta».

Además, Garriga adelantó que Vox votará este martes en contra de la proposición de ley que presentará Junts para prohibir el uso del velo integral. Los voxistas tildan al partido de Carles Puigdemont de «hipócrita» y le acusan de «ser los culpables de la islamización de Cataluña» al fomentar en esta comunidad la inmigración proveniente del norte de África. «Solo se preocupan por el burka cuando ven que pierden votos, ahora que Cataluña ya es irreconocible», aseguró Garriga, que recordó que Junts votó hace dos meses en contra de una proposición de su formación contra el burka.