La regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes anunciada por el Gobierno, y que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, sigue causando rechazo de partidos como Vox y el PP –su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha anunciado que harán todo lo que esté en su mano para denunciar lo que consideran un «sinsentido». Pero ahora es el Consejo de Estado el que también

ha hecho públicas sus apreciaciones

, especialmente críticas con los antecedentes penales de los beneficiarios.

Ante esto, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH)

ya había avisado por escrito al Ministerio de Inclusión sobre la ausencia de procedimiento

por no cumplirse la reserva de ley regulada en la Disposición Transitoria 3ª de la LOEX, y la falta de motivación y de oportunidad al rebajarse los tiempos de arraigo, «ya de por sí muy flexibles y poco rigurosos» y «por un plazo tan corto de nada menos que de 5 meses», aparte de lo «inadecuado» de que pueda bastar «con solicitar los antecedentes penales sin representación o con un mero email».

Tras conocer –por la prensa–el informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado, la entidad reclama la suspensión del procedimiento al detectar que sus alegaciones, presentadas en plazo en febrero, no han sido incorporadas al expediente ni valoradas en el dictamen consultivo. Para ello ha activado una doble respuesta en sendos escritos dirigidos al Ministerio de Inclusión y al propio Consejo de Estado.

Así, la asociación ha vuelto a dirigirse a la cartera de Elma Saiz, a la que ya formuló en febrero un requerimiento previo por la existencia de vía de hecho y por vulneración de derechos constitucionales fundamentales. La asociación apela ahora a que las alegaciones presentadas «no nos consta que hayan sido incorporadas al expediente», ni que

«hayan sido remitidas al Consejo de Estado» o que hayan «sido consideradas en el dictamen emitido por este órgano el día 9 de abril».

Jurisprudencia

Insiste además al Ministerio de Vivienda que la participación en el procedimiento normativo no es meramente formal, sino que implica «recepción, consideración e incorporación al expediente». Asimismo, recuerda, con apoyo de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obligación de «remitir expediente completo al Consejo de Estado» y que, en su caso, «formuló alegaciones en plazo» y «existe justificante de presentación», pero «no constan en el expediente remitido ni han sido consideradas ni analizadas», por lo que la institución consultiva

«no pudo pronunciarse sobre argumentos esenciales» y «emitió un dictamen sobre un expediente incompleto».

Según la asociación, esto no supone «una mera irregularidad, sino que se trata de un defecto estructural, esencial, constitutivo de un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.3 Ley 39/2015) porque afecta al contenido del dictamen; impide su función consultiva real y condiciona la decisión del Gobierno».

Sobre la consecuencia jurídica de todo lo anterior, la entidad recuerda que «la omisión de alegaciones relevantes determina» una «vulneración del procedimiento normativo», la «infracción del derecho de participación»; un «dictamen viciado», así como la «nulidad». Por todo ello, solicita que «se suspenda la tramitación del real decreto sobre regularización de extranjeros»; que «se incorporen las alegaciones omitidas», presentadas por la propia asociación, «y se trasladen al Consejo de Estado para que amplíe su dictamen»;

«que se retrotraiga el procedimiento al momento previo a la nueva elaboración sobre estos puntos esenciales de dictamen del Consejo de Estado»

, que «se remita nuevamente el expediente completo» al máximo órgano consultivo del Gobierno para que se pronuncie, so pena de nulidad radical (art. 47,1.e Ley 39/2015) de todo el procedimiento».

En cuanto al Consejo de Estado, la Asociación por la Reconciliación le pide directamente «que se tenga por formulada» su «comparecencia» en el procedimiento y se le «dé traslado, por ser parte interesada, de la totalidad del expediente tramitado» en el dictamen. Además, «que se requiera al Gobierno la remisión de las alegaciones omitidas y se tengan por adjuntadas también ahora al mismo tiempo»; que «se declare no concluso el procedimiento consultivo y se prosiga con el mismo, con la necesidad de pronunciarse este Consejo de Estado sobre la totalidad de las alegaciones presentadas por esta asociación» y que,

«en su caso, se revise o complemente el dictamen emitido, en relación con los extremos expuestos».

De no tenerse en cuenta las que considera sus «legítimas peticiones», la entidad prevé presentar hoy mismo un recurso contencioso – administrativo, según ha confirmado a LA RAZÓN su presidente, Javier Campal.

Antecedentes penales: «No basta con la declaración»

Según la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, el órgano «emite observaciones y recomendaciones todas las semanas», por lo que no es ninguna novedad que se haga ahora. Entre las «observaciones esenciales», una denominación reglamentaria, no una valoración política para «reforzar la seguridad jurídica del proceso», Calvo destacó la relativa a los antecedentes penales. Según dijo, «no basta con una mera declaración por parte de quien solicite regularizar su situación, sino que hay que garantizar efectivamente que esos antecedentes no existen».