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Sorprende la escasa atención e información

que el expediente remitido a dictamen dedica a esta cuestión". De puntillas y opacado por el juicio de las mascarillas que se encamina a su segunda semana en el Tribunal Supremo, el Gobierno quiere aprobar este próximo martes, tras el Consejo de Ministros el Real Decreto para regular a, al menos, más de

medio millón de inmigrantes irregulares. El anuncio se produce tras las dudas mostradas por el Consejo de Estado.

En el

documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN,

firmado el pasado 9 de abril, el organismo liderado por la exministra Carmen Calvo, pese a que se apuesta por la convalidación del RD,

se desprenden incógnitas sobre la colaboración de algunas empresas. Tragsa, la empresa que contrató a la expareja “dentista” de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, y la “poca información” sobre Correos preocupan al Consejo de Estado. Sobre Tragsa se apunta a la

“amplitud de encargos indefinidos” que se realizarán en el proceso y la “escasa atención e información”

de su expediente.

Analizado el contenido de la propuesta que, salvo sorpresa, se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, el órgano dependiente del Gobierno recuerda la naturaleza pública tanto de Tragsa como de sus filiales. "La utilización de este tipo de medios propios de las Administraciones Públicas se desenvuelven en la colaboración público – privada… Esta colaboración

debe ser muy exigente con el régimen de objetividad, neutralidad, publicidad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos

“, reza la misiva remitida al Ejecutivo.

La opacidad sobre la participación de Tragsa y las inquietudes sobre Correos

Ante el documento regido por “términos muy globales”, se denuncia la opacidad y se reclama al Ejecutivo que el documento definitivo se

ciña a “actuaciones administrativas de gestión y canalización documental”

dentro del

complejo proceso de gestión que

supondrá la cesión del presidente del Gobierno

, Pedro Sánchez, a Podemos.

En este sentido, también se demanda que los encargos a Tragsa, o sus filiales, no podrán contar con “potestades públicas” para regular la situación de los inmigrantes ilegales que se podrán acoger a la propuesta. Para cerrar la valoración sobre el borrador, se

lamenta el desconocimiento sobre la elección de Tragsa como la entidad más idónea

para colaborar en las “muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes” que se multiplicarán con la aprobación del Real Decreto.

AMP. – Tragsa confirma “irregularidades” en la contratación de la ex de Ábalos y falta de control por “presión” de Adif

Europa Press

Respecto al papel de Correos en el proceso, las dudas del organismo consultado se

enfocan en la participación de los funcionarios.

Se muestra el énfasis en la capacidad de actuar como representantes de los solicitantes del permiso de residencia y trabajo. Para el órgano consultivo considera se deben amplificar los términos y los detalles.

Una simple declaración responsable para obtener la nacionalidad

Tal y como ha recordado este diario, el borrador presentado sobre la regulación masiva de inmigrantes – cerrado el pasado mes de febrero -

desde Moncloa rebaja las pretensiones para obtener la nacionalidad. Una simple

declaración responsable en la que se afirme la inexistencia de los antecedentes penales

en otros países, si no se produce la respuesta de los órganos competentes en el plazo de un mes, será suficiente.

Tras la respuesta de Europa y la preocupación mostrada por el comisario de Interior e Inmigración, los populares

tacharon de “chapuza” y de “peligro público” los continuos bailes de cifras

sobre los beneficiarios y la ausencia de certificado de antecedentes penales.