La Generalitat Valenciana rechazará las «imposiciones» de Sánchez para acoger a menores migrantes
El borrador del Gobierno prevé enviar a la Comunidad Valenciana 1.903 extranjeros «ignorando la capacidad de los Servicios Sociales» actuales sin enviar recursos
ABC, , 13-04-2026La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha advertido de que la Generalitat Valenciana no va a aceptar «imposiciones» del Gobierno de Pedro Sánchez en la acogida de menores migrantes y le ha recriminado que «ignora la capacidad» de los recursos en esta región al asignarle a 1.903 envíados en este reparto «arbitrario».
Se basa para valorar estos datos en el borrador de real decreto que el miércoles iba a presentarse a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia, que finalmente no se celebró por falta de quórum tras la ausencia de autonomías gobernadas por el PP, a excepción de Ceuta y Canarias.
La dirigente autonómica ha alertado de que asumir este volumen de traslados «sin recursos adicionales ni infraestructuras adecuadas compromete gravemente la calidad de la atención y el interés superior del menor».
Además, opina que los planes gubernamentales no pueden consistir en «asfixiar de manera desproporcionada a unas comunidades frente a otras», ya que el nuevo reparto «agrava aún más la tensión que vive la red de atención a menores en la Comunitat Valenciana» y ha considerado que se trata de «una muestra de la desconexión total» del Ejecutivo central con la situación de esta autonomía.
Así lo ha señalado Albalat, en unas declaraciones facilitadas por la Conselleria, después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya incrementado globalmente de 16.016 a 17.081 la capacidad ordinaria del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.
En el caso valenciano, con esos 1.903 plazas sería la cuarta región con mayor número y Albalat ya trasladado antes de la reunión prevista su rechazo a participar al tratarse de una convocatoria «ilegal» la Generalitat impugnó formalmente el orden del día y advirtió de que cualquier acuerdo habría carecido de «validez legal».
Para Albalat, la intención del Gobierno de España es una decisión «arbitraria, improvisada y completamente alejada de la realidad del sistema de protección valenciano».
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