Las advertencias del Consejo de Estado —algunas muy contundentes— sobre el redactado, la calidad técnica y el planteamiento de algunos aspectos fundamentales en la regularización de inmigrantes masiva que plantea el Gobierno ha hecho aflorar, también, las tensiones que existen entre los dos ministerios más afectados: Migraciones e Interior. El primer departamento, encabezado por la también ministra portavoz, Elma Saiz, decidió afrontar uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo casi en solitario. Así queda claro en el Real Decreto que el Consejo de Ministros pretende aprobar este mismo martes, a la espera de ver si incorpora las principales correcciones. Las reticencias de Interior a algunas cuestiones clave sobre la seguridad, como la acreditación de los antecedentes penales, han quedado al descubierto en las deliberaciones del órgano consultivo que, además, asume las tesis del ministerio de Fernando Grande-Marlaska prácticamente en todos los choques.

A lo largo de la discusión jurídica —recogida en el dictamen que el Consejo de Estado emitió, al fin, el jueves pasado— son varias las citas a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y la respuesta que da su homóloga de Seguridad Social y Migraciones. La primera de ellas se refiere a que el proyecto de regularización incluya la paralización de cualquier procedimiento de protección internacional (asilo) en marcha con tan solo presentar una nueva solicitud de arraigo. Interior se opuso, recordando la diferencia de naturaleza entre ambas cuestiones y, sobre todo, advirtiendo de que podría contravenir el derecho comunitario ya que son competencias compartidas con la Unión Europea. Es una de las observaciones esenciales del Consejo de Estado, que directamente apuesta por que ese punto se suprima, teniendo en cuenta que podría «perturbar gravemente» los procedimientos en curso.

Algo similar ocurre con los apátridas —a quienes Migraciones incluye en el mismo grupo que los solicitantes de asilo— en contra del parecer del Ministerio del Interior. El órgano consultivo también en este caso es partidario de que queden fuera, argumentando además, como ya publicó ABC, que tienen una regularización específica en el ordenamiento jurídico y podrían generarse confusiones con la normativa general de Extranjería.

Quizá los encontronazos más relevantes están relacionados con la acreditación fehaciente de los antecedentes penales y la identificación oficial de aquellos que quieran acogerse al proceso. Respecto a esto último, también el Consejo de Estado menciona el criterio de Grande-Marlaska para defender que la regularización se destine exclusivamente a aquellas personas que tengan sus documentos en vigor (los solicitantes deben presentar una copia de su pasaporte, cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España). Migraciones, en cambio, insistía en el proyecto en que el Reglamento de Extranjería en su artículo 210 permite —en algunos casos— aportar documentación caducada. El órgano consultivo no cede y vuelve a insistir en que aceptar solo documentos en vigor ayudará también a las Administraciones a la hora de tramitar la avalancha de solicitudes.

El órgano consultivo rechaza de plano, como Interior, la excepción sobre los antecedentes penales y pide suprimir la «declaración responsable»

Los antecedentes penales son sin duda el plato fuerte y el órgano consultivo hace observaciones esenciales que deberían tenerse en cuenta en el texto definitivo. A pesar de que carecer de ellos es uno de los requisitos para beneficiarse de la regularización, Migraciones plantea una excepción para aquellos extranjeros que acrediten llevar en España cinco años. El Consejo de Estado lo rechaza de plano, argumentando que esas personas podrían haberlo hecho de manera irregular durante un tiempo dentro de ese periodo; o incluso haberse marchado a otros países y haber regresado después sin poder confirmar si han cometido delitos y tienen antecedentes en terceros países. En este aspecto la coincidencia con Interior es total, hasta el punto de que también asume la máxima de que mientras no se pueda acreditar la carencia de antecedentes a través de los debidos informes, el procedimiento deberá quedar en suspenso.

«Una técnica inadecuada»
Eso implicaría dejar sin efecto, suprimir, la «declaración responsable» defendida en el proyecto por el departamento de Elma Saiz, que el órgano consultivo tilda directamente como «técnica inadecuada» para un proceso tan masivo como será este. Lo que decía Migraciones, en otra prueba de la flexibilidad total que defiende, es que aquellos extranjeros que hayan solicitado la prueba de que no tienen antecedentes a sus países y no obtengan respuesta, pasado un tiempo, puedan acreditarlo con esa declaración. Incluso el Ministerio de Justicia que encabeza Félix Bolaños habría dado luz verde a esta posibilidad. Pero el órgano consultivo del Gobierno lo ve del todo desaconsejable.

Y, de hecho, emite al respecto una de sus reflexiones más duras, asegurando que podría «permitir relajar injustificadamente la diligencia» que se exige a los beneficiarios del proceso, y «abrir la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería».

El viernes pasado Elma Saiz volvió a asegurar que la aprobación de la regularización era «inminente» a pesar de que el calendario previsto ya acumula un retraso de trece días. El objetivo del Gobierno era que se hubiera puesto en marcha el mismo 1 de abril, ya que pretende haberla finalizado el 30 de junio. Aunque desde el Ejecutivo se han apresurado a celebrar el supuesto aval del Consejo de Estado, el dictamen está lleno de advertencias y, en algunos casos, duros reproches que cuestionan su plan. Para el Ejecutivo lo más importante es que el órgano consultivo dé luz verde a que la regularización se haga, como está previsto, a través de una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería.

En realidad el Consejo de Estado —presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo— reconoce que el Gobierno tiene base legal para hacerla por esa vía, poniendo reparos incluso sobre la naturaleza de las disposiciones y la técnica normativa. Por ejemplo, considera que las nuevas medidas no deben ser «disposiciones transitorias», sino que deberían ser disposiciones adicionales dentro del Reglamento. Todavía es más llamativa la crítica que hace al preámbulo del Real Decreto —en el que el Gobierno defiende una exposición política— considerando inadecuado que la regularización se plantee como una respuesta directa a la demanda social de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada con 600.000 firmas y que el Congreso de los Diputados tomó en consideración en 2024. Entiende el órgano consultivo que no sería exacto enmarcar un proceso de estas dimensiones en otro de participación ciudadana e incluso alerta de la confusión que puede generar.