Luz verde del Consejo de Estado a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes que ya están en territorio nacional pero de manera … irregular. Esta es la interpretación que ha hecho el Gobierno del dictamen del órgano consultivo, y que a su juicio, avala la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para iniciar el proceso.

El Ejecutivo considera que las recomendaciones de la institución que preside Carmen Calvo caminan en la misma línea del texto original y respeta la esencia de la norma, como la «integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa». Por ello, las valora positivamente y se abre a «clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión del mismo y su aplicación», según señalan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de aprobar el texto definitivo en Consejo de Ministros «lo antes posible».

El real decreto fue aprobado en primera vuelta en el cónclave ministerial el pasado 28 de enero tras un pacto entre PSOE y Podemos y la intención inicial del Ejecutivo era que la regularización comenzase el 1 de abril. Pero algunas cuestiones técnicas y especialmente, las dudas jurídicas han provocado este retraso. El documento, que aún no ha sido publicado por este órgano consultivo, manifiesta su preocupación en tres puntos: asilo, vulnerabilidad y antecedentes penales.

Por un lado, el Consejo de Estado señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro resultante de la regularización. En este sentido, el Ministerio accede a que el primero esté vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

Por otro, el dictamen insta a definir el concepto de vulnerabilidad, de tal forma que se entienda «por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud».

También refuerza el hecho de que «en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso», recalcan fuentes ministeriales.

Pero la cuestión que más ampollas suscita es la acreditación de los beneficiarios que no tienen antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. No obtener el certificado en el plazo de un mes porque el país de origen no lo haya enviado o el Gobierno español no haya obtenido una respuesta tras haberlo solicitado, el texto original plantea que podrá entregarse una declaración responsable de inexistencia de antecedentes, una cuestión que ha generado las críticas de la oposición.