La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la localidad de Nules (Castellón) acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tras una operación en la que han sido liberadas 80 víctimas.

Según ha informado el instituto armado, a los arrestados se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, al encargarse de todo el proceso de captación, traslado y explotación de las víctimas, a las que sometían a condiciones de semiesclavitud.

La organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad en distintos países mediante falsas ofertas de empleo que prometían “buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, les generaban una deuda que utilizaban como mecanismo de control y coacción.

#OperacionesGC I Liberadas 80 personas migrantes explotadas en condiciones cercanas a la esclavitud en Nules (#Castellón).

➡️Fueron engañadas con falsas ofertas de empleo y, al llegar, vivían hacinadas, sin recursos básicos, trabajando hasta 13 horas diarias sin descanso ni… pic.twitter.com/vz3azIsuNl— Guardia Civil (@guardiacivil) 11 de abril de 2026

Las víctimas eran alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, en muchos casos sin agua ni luz, y obligadas a trabajar en el sector agrícola con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso y con una remuneración inexistente o meramente simbólica, según la Guardia Civil.

Además, carecían de contrato laboral y documentación, lo que aumentaba su vulnerabilidad, mientras que el control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, generando “un clima de miedo constante”.

La investigación, desarrollada durante varios meses en coordinación con la Fiscalía Provincial de Castellón y con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha permitido desarticular este entramado, que operaba principalmente en el sector agrícola.

Durante la operación, denominada ‘Balarama’, se practicaron cinco registros domiciliarios y se identificó como principales responsables a un matrimonio de origen pakistaní. De los siete detenidos, dos han ingresado en prisión por orden judicial. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.