Ya es oficial desde este viernes. El Boletín Oficial del Estado (BOE)

ha publicado la entrada en vigor de la ley de multirreincidencia presentada por Junts

y aprobada por el Congreso de los Diputados

en la última ronda de votaciones

antes de las vacaciones de Semana Santa. El documento firmado el pasado 8 de marzo y publicado al día siguiente ha sufrido una rectificación.

En un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Gobierno

ha advertido de un error en la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la propuesta de Junts.

En referencia al anuncio presentado el pasado 9 de abril en las páginas del organismo oficial, se ha procedido a efectuar la oportuna rectificación sobre el final del escrito. Antes de la firma de Su Majestad, el Rey Felipe VI,

no se insertó la fecha usada para estampar el refrendo.

Fuera de la anécdota, la ley de multirreincidencia de la organización independentista ha sido una moneda de cambio para el Gobierno. Congelada desde hace meses por la presidenta de la Cámara Baja y la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol,

no se reactivó hasta la ruptura ordenada por Carles Puigdemont con el Ejecutivo. Más de un año después, el trámite fue iniciado en la primavera de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendió la mano a Puigdemont. Finalmente, el PSOE votó a favor, eso sí, con

algunas excepciones a las enmiendas presentadas por el Senado.

La relación de Sánchez con Junts se deteriora: tres meses alejados en el Congreso y sin reuniones con Puigdemont

Europa Press

En este sentido, la presidencia de la Cámara usó su derecho a veto para dos enmiendas presentadas por el Senado. Una de las propuestas, pactada entre PP, Vox y Junts,

planteaba modificar la Ley de Extranjería para exigir la ausencia de antecedentes penales o causas abiertas en España o en otros países como condición para regularizar a inmigrantes. La otra enmienda instaba al Gobierno a ampliar la plantilla de fiscales en un plazo de dos años, con un ratio de un fiscal por cada 100.000 habitantes. Ninguna se votó.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda

relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales.

Las claves de la propuesta de Junts

La reforma penal

impone una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euro

s. Se agravará si es un aparato tecnológico con datos sensibles.

El castigo del

hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años

si se cuenta con otros tres delitos menores.

Se entiende la

previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro

, “cuando se utilice engaño bastante para producir error en otro”. Para imponer la sanción o pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el perjuicio económico ocasionado a la víctima o las relaciones entre esta y el defraudador.

Se permitirá imponer cautelarmente al delincuente “la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas con la graduación que sea precisa, a determinadas personas”.

Se establecen penas de

prisión de uno a cinco años por el llamado ‘petaqueo’

(la labor que se encarga de abastecer de combustible a las narcolanchas que operan en alta mar).

Con esto, y sin tener en cuenta la primera propuesta presentada por los populares en la anterior legislatura, los juzgados podrán recurrir a una mayor dureza en las penas para recortar el impacto de la delincuencia en España y en especial en Cataluña.