La Policía Nacional ha detenido este viernes a un hombre en Madrid como presunto autor de delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental … y estafa. Lo ha hecho en el marco de una investigación sobre una trama en la que jóvenes deportistas de origen sudamericano habrían sido víctimas de estafas bajo la promesa de jugar en equipos de élite de la liga española a cambio de pagos que podían llegar a los 3.000 euros.

Según los investigadores, el ahora detenido les ofrecía la posibilidad de viajar a España, obtener la documentación necesaria y jugar en alguno de los clubes de fútbol más prestigiosos del panorama futbolístico. No obstante, una vez aquí – y lejos de lo prometido en primera instancia – , los deportistas sólo conseguían acceder a pruebas en equipos de categorías inferiores y, tras no poder obtener las licencias federativas necesarias, quedaban en situación de desamparo y sin recursos económicos.

La investigación se inició tras la recepción de información procedente de dos testigos, quienes pusieron en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos relacionados con una posible trama de captación. Las supuestas víctimas manifestaron entonces que encontrándose en su país de origen, y con aspiraciones de convertirse en futbolistas profesionales en un futuro, tuvieron conocimiento de la existencia de una persona que ofrecía oportunidades para trasladarse a nuestro país y jugar en equipos de fútbol profesional.

Tras esta primera aproximación – que tenía lugar en el entorno deportivo de las propias víctimas – , el detenido contactó directamente con los perjudicados, asegurándoles que disponía de contactos en clubes españoles de fútbol y que podía facilitar tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país. El investigado ofrecía a las víctimas una supuesta oportunidad única para desarrollar sus carreras profesionales en el fútbol, asegurándoles que podrían alcanzar elevados ingresos económicos.

Para ello, les exigía el pago de una cantidad que podía ascender a los 3.000 euros para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante tres meses en España, así como gestiones relacionadas con su incorporación a clubes deportivos.

Una vez en territorio español, las víctimas eran recogidas en el aeropuerto de Madrid por el detenido, quien les hacía firmar supuestos contratos de representación, mediante los cuales se reservaba un 10% de las futuras ganancias en caso de lograr un contrato profesional.

Posteriormente, eran trasladadas a clubes de categorías inferiores para realizar pruebas deportivas. Durante este periodo, en algunos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de manera temporal. Sin embargo, una vez finalizadas las pruebas, y al no poder tramitarse las correspondientes licencias federativas, las víctimas eran obligadas a abandonar dichas instalaciones.

En ese momento, el detenido trasladaba a los perjudicados a alojamientos temporales, generalmente hostales, tras lo cual se desentendía completamente de ellos. Como consecuencia de esta situación, varias víctimas quedaron en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo, llegando incluso algunas a dormir en la vía pública.

Las víctimas, en su mayoría con escasos recursos económicos, llegaron a solicitar préstamos en sus países de origen para hacer frente a las cantidades exigidas por el detenido, lo que agravó considerablemente el perjuicio económico sufrido.