La Asamblea de Madrid ha dicho «no» a la iniciativa que había presentado Vox para combatir el «turismo sanitario» en la región y establecer lo que este partido denomina «prioridad nacional», en el acceso al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El Partido Popular y la izquierda han tumbado la proposición no de ley, aunque con diferencias, ya que la presidenta Ayuso se había expresado en contra de lo que se considera «turismo sanitario», por colapsar el servicio público en la región. Los populares han recriminado a Vox que culpase de la «mala política de inmigración» al Gobierno regional, cuando el responsable es, según ha subrayado, el Ejecutivo de Sánchez.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que en la Comunidad de Madrid las listas de espera han aumentado un 64 por ciento desde la llegada de Ayuso a la Presidencia de la Comunidad, «con pacientes que llegan a soportar demoras de hasta 70 días para acceder a consultas externas». Además, según ha remarcado, más de un millón de madrileños se encuentran actualmente en lista de espera, y 700.000 ilegales han sido atendidos.

Con esos datos por delante, Vox ha pedido al Gobierno regional que combata el fenómeno del turismo sanitario en el Servicio madrileño de Salud, que revierta el deterioro y el colapso de este servicio y que atienda de forma urgente y prioritaria sus necesidades reales en materia de personal, financiación y medios.

El partido de Abascal también ha exigido que se acabe con la opacidad informativa y que se garantice la transparencia del Servicio Madrileño de Salud mediante la publicación de datos relacionados «con el impacto y el coste que genera la inmigración masiva y descontrolada».

Otra de las medidas que reclama Vox es el establecimiento de la prioridad nacional en el acceso al Servicio Madrileño de Salud con carácter general, «y atendiendo siempre y en todo caso a las situaciones de emergencia vital».

Vox Madrid ha tenido más exigencias para el Gobierno de Sánchez. En primer lugar, reclama que se derogue el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Además, al Gobierno de Sánchez también le pide que establezca la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, y atienda siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital.

Vox defiende la «remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles». En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización, subraya este partido en la iniciativa que ha sido rechazada por el Pleno.