Enero de 2026. La eurodiputada, Irene Montero, celebra la concesión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la regularización de

más de medio millón de inmigrantes irregulares. Sin una respuesta rápida para la esfera pública del Ejecutivo, una gran parte de la población rechaza la medida presentada. Las

redes sociales se convierten en un polvorín durante semanas.

Para más inri el borrador presentado desde la Moncloa rebaja las pretensiones para obtener la nacionalidad. Una

simple declaración responsable en la que se afirme la inexistencia de los antecedentes penales

en otros países, si no se produce la respuesta de los órganos competentes en el plazo de un mes, será suficiente. Tampoco tendrán impacto los delitos cometidos en otros territorios que no se encuentren regulados por la legislación española. Sin una cifra exacta y que se ha

llegado a aumentar hasta los 2 o 3 millones de personas

, el PP elevó a Europa la maniobra.

En una respuesta parlamentaria al grupo popular europeo, que todavía no ha sido registrada en la página web, el comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner,

ha alertado de que el Ejecutivo no ha informado a Bruselas de las condiciones de la regulación masiva. En el escrito presentado, el representante austriaco ha mostrado su preocupación por las

consecuencias en el seno de Europa por la libertad de circulación de los ciudadanos europeos,

ya que el ‘Viejo Continente’ es un espacio “sin fronteras”. El Gobierno pretendía comenzar el proceso este mes de abril.

En este sentido, recuerda que el permiso de residencia nacional no “permite el desplazamiento por la UE”, sino trabajar en el Estado miembro que tomó la decisión. "Si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se

encuentra en situación irregular en otra parte Europa deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia

“, señala el comisario. En la respuesta a la pregunta registrada el pasado mes de enero, se recuerda que el traslado correrá a cargo del Gobierno que introdujo al ciudadano en Europa.

Sánchez desobedece la normativa europea

Ya el pasado mes de febrero, poco antes de comenzar el debate en el Parlamento Europeo, Brunner dudó sobre la

efectividad de la medida presentada por Sánche

z. “Se debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea”, aseguró desde el atril de Europa. Aumentó el

tono ante la posibilidad de que el proceso de regulación fuera un “cheque en blanco”.

Respecto al retraso, la normativa señala que las medidas en materia de inmigración o de asilo que se pretendan adoptar “serán comunicadas cuando sean accesibles al público”, siempre que puedan tener un impacto significativo para los Estados miembros. Desde finales de enero la población puede acceder a la propuesta presentada.

La curiosa manía de Sánchez al llegar a su despacho y sus tres objetos especiales

Europa Press

El Gobierno, a través del Ministerio de Migraciones, señaló el pasado mes de enero que la información se tramitaría de la manera “más rápida” posible.

“Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta inmediata,

ordenada y plenamente conforme al marco legal", aseveró el

responsable de la cartera, Elma Saiz. Casi tres meses después no se ha elevado a Europa.

El PP apoya a Europa ante la “chapuza” de la regulación

Una vez se ha conocido la respuesta, desde las filas populares se ha denunciado la “chapuza” del presidente del Gobierno y se ha alabado la seriedad de Europa en materia migratoria. "La UE cuenta con normas claras que deben respetarse… Los continuos bailes de cifras sobre los beneficiarios y la

ausencia de certificado de antecedentes penales la hacen aún más preocupante

“, han señalado en sus redes sociales varios delegados populares en Europa.

Un tono más duro ha utilizado la exministra de Sanidad y secretaria general,

Dolors Montserrat que ha tachado la norma de “peligro público”. A efectos legislativos, el próximo paso en Europa será someter el documento del Gobierno a votación. Para ello deberá ser presentado antes de entrar en vigor.