“Orden y ley”. Es lo que ha pedido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en materia migratoria. Por eso ha anunciado que recurrirá la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez que podría alcanzar a más de 500.000 inmigrantes, según algunos cálculos. El argumento de base es que pondría los servicios públicos de la Comunidad de Madrid “al límite”, especialmente tensionados en materia de sanidad y transportes.

“Afectará gravemente a la prestación de los servicios públicos sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios, además de a la seguridad nacional y contravenir la normativa de la Unión Europea”, ha argumentado la presidenta autonómica en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Ayuso se ha mostrado en contra del proceso al considerar que no responde a ninguna estrategia, considera que el planteamiento está mal hecho y no hay siquiera coordinación con la Unión Europea. “Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”.

“No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate, pero lo que tenemos que seguir haciendo es reclamar orden y ley a este gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, también el reparto ilegal de menores, todo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez, que es promover la inmigración irregular para multiplicar el desorden”, ha sentenciado.