Las regiones del Partido Popular han vuelto a decir ‘no’ a atender a la infancia migrante no acompañada acogida por territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. Esta vez lo han hecho boicoteando la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se iba a celebrar este miércoles en Madrid, y a la que no han asistido con la excusa de que era una convocatoria «ilegal», según señaló la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila.

En ella se iba a actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas. Sin embargo, las regiones gobernadas por el PP no acudieron, a excepción de Ceuta, que lo hizo de manera telemática, y Canarias, donde los populares cogobiernan con Coalición Canaria. Ante ello, se tuvo que suspender la reunión por falta de quórum.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apuntó que este ‘plantón’ «no tiene ninguna consecuencia», porque las comunidades autónomas «se dan por informadas» y el Ejecutivo central seguirá hacia adelante con la elaboración del decreto ley que establece la nueva capacidad ordinaria, y que ahora seguirá su camino hacia el Consejo de Ministros.

«Es absolutamente lamentable que el PP, abrazado a Vox, siga boicoteando las políticas de Infancia de este país», lamentó Rego, que manifestó su «profunda indignación» por este bloqueo en la política migratoria impulsada por el Ejecutivo central, ya que, valoró, los populares están «abrazando las tesis racistas y de posicionamiento contra los derechos de la infancia».

No es la primera vez que el PP realiza un movimiento de este calado, ya que en julio del año pasado se tuvo que suspender la conferencia en la que se iba a tratar la reubicación de los chicos porque tampoco asistieron.

En este sentido, la ministra incidió en que ha sido la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso la que «no ha dejado de plantear recursos ante la justicia, que ha ido perdiendo sistemáticamente, hasta hoy, que han boicoteado la celebración de la conferencia». Y es que días antes, Ayuso había argumentado que, una vez finalizado el periodo para derivar a los niños y niñas que ya se encontraban en el archipiélago antes de que se le declarara en situación de contingencia migratoria –en agosto del año pasado–, la región ya no iba a acoger a más chicos porque «no existe cobertura jurídica para ello».

Cabe recordar que el decreto ley que está en vigor después de que se reformara el artículo 35 de la ley de extranjería para compartir la responsabilidad de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades se puede prorrogar durante un año, por lo que la tesis de Madrid de que se acabó el plazo –el 18 de marzo–, para reubicar a los niños y niñas, no tiene valor.

Además, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia defienden que es «totalmente falso» lo expresado por las comunidades del PP, que alegaron que la reunión era ilegal. «Se ha llevado a cabo con todas las garantías legales», defendieron.

De esta forma, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pidió a Madrid que cumpliera con la legalidad vigente, ya que el mecanismo de derivación se mantiene mientras esté declarada la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada.

Por eso, con la misma indignación que Rego se mostró Torres tras conocerse el boicot del PP a la Conferencia Sectorial. El ministro canario calificó este acto de «absoluta deslealtad institucional, falta de respeto y acto antidemocrático». Torres apuntó que el hecho de que el PP haya puesto a sus consejeros de acuerdo para que no acudieran al foro es una «falta de humanidad». Y es que en el orden del día, además de la actualización de la capacidad ordinaria de las regiones, también estaba contemplado un punto relacionado con las violencias que sufren las infancias y otro relativo a la implementación del modelo Barnahús (enfoque interdisciplinario para la atención de menores víctimas de abuso sexual).

En Canarias, el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, manifestó a través de su perfil en X, anteriormente Twitter, que el archipiélago «seguirá trabajando como hasta ahora, con responsabilidad y cumpliendo la ley». No obstante, lamentó que este miércoles se haya «dejado de hablar de lo importante: de niños y niñas no acompañados».

Asimismo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, criticó en declaraciones recogidas por Europa Press la «bofetada» del PP a los menores migrantes no acompañados. Dijo que se trata de «una más» de los de Génova, a los que llamó «irresponsables».

Por su parte, en un mensaje difundido en sus redes sociales, la consejera madrileña del PP de Asuntos Sociales indicó que no iba a participar en la «política migratoria temeraria de Pedro Sánchez», ya que, bajo su punto de vista, el Gobierno estatal quiere «prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes».

El archipiélago pide agilidad en actualizar la capacidad ordinaria
Tras el desplante del Partido Popular a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, pidió agilidad al Gobierno de España para aprobar el nuevo decreto ley que actualiza la capacidad ordinaria de acogida de las regiones y que avala la prórroga del real decreto ley para que continúen las derivaciones de niños y niñas migrantes que han llegado a las islas sin la compañía de un familiar que se haga cargo de ellos.

Ante la cancelación de la reunión debido al boicot de las regiones del PP, Delgado apuntó que las comunidades «son libres de hacer o no hacer lo que estimen conveniente». No obstante, subrayó que «en un estado democrático lo lógico es venir y si hay que protestar se viene a ese órgano creado para ello».

Cabe recordar que los populares cogobiernan el archipiélago con Coalición Canaria, por lo que Delgado trasladó que esta cuestión «cuenta con todo el apoyo del vicepresidente» y se va a seguir «en la línea del pacto migratorio» que se tiene en la Cámara regional y que tiene el respaldo de todas las fuerzas con representación, a excepción de Vox.

Ante los recursos presentados por las comunidades autónomas contra la distribución de los menores migrantes y aquellos procesos judiciales que puedan venir, el Gobierno canario «seguirá personándose como parte afectada».

De momento, el archipiélago ha derivado a 719 niños y niñas migrantes no acompañados por la vía de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, a los que se suman los que han sido trasladados a través del sistema de protección internacional. En estos momentos tutela a 3.337 chicos y chicas, mientras que su capacidad ordinaria es de 2.211.