El 11 de julio de 2024, hace casi dos años, el Partido Popular aceptó recibir 347 menores migrantes no acompañados en sus comunidades autónomas. A las pocas semanas, Vox anunció la ruptura de todos los gobiernos de coalición. La decisión de Abascal supuso un terremoto que ha provocado adelantos electorales en Extremadura y Aragón y un auge de la extrema derecha hasta rondar el 20% de intención de voto según las encuestas. Un nuevo reparto migratorio vuelve a escena y la postura del PP es mucho más tajante que entonces, coincidente con su radicalidad contra los migrantes.

De proclamar que aquella decisión se acataba porque el PP cumple la ley, a poner ahora todas las trabas posibles. “No sé si es un guiño hacia nosotros”, dice un líder de Vox muy cercano a Abascal sobre la actual postura del PP, aunque recuerda: “Sé que el PP rompió todos los pactos de gobierno porque decía que eso era imposible”. Oponerse al Gobierno en migración, visto el auge de Vox, ahora sí es posible para los populares. Paralelamente a este enfrentamiento con el Ejecutivo, los de Feijóo están inmersos en negociaciones con Vox por las investiduras de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Hace unas semanas, el Gobierno anunciaba la prórroga de la modificación legislativa que permite la reubicación de menores migrantes y evitar así la saturación de Ceuta, Melilla y Canarias. Este miércoles estaba prevista una Conferencia Sectorial de Juventud entre la ministra Sira Rego y las consejerías correspondientes según sus competencias. Sin embargo, los dirigentes del PP decidieron no participar en la reunión para intentar boicotearla. La hostilidad más llamativa ha llegado desde Marid. Liderados por su consejera Ana Dávila se han negado a participar y a verse como parte implicada del proyecto migratorio. Público ha pedido a la consejería que explicase qué formato de reparto habría que implantar al gusto del Gobierno de Ayuso, pero no ha obtenido respuesta. Por su parte, la consejera valenciana Elena Albalat ha considerado el reparto “injusto” y ha agitado también la idea de “ilegalidad” de la reunión, un mantra repetido por todas las consejerías populares.

El PP agita la “ilegalidad”
Los consejeros del PP intentaron que la reunión de este miércoles se anulara porque su contenido era “ilegal”. Primero, porque el orden del día no fue el aprobado en una reunión previa. Segundo, porque el reparto de menores se sustenta en el RDL 2/2025 y este, defienden, ha caducado ya. Desde el Gobierno desmiente tajantemente esa versión porque el real decreto ley “tiene un plazo de vigor de un año bajo plazo de otro más”, explican desde el Ministerio. En esta discusión andan inmersas las dos partes y la justicia, de momento, “los tribunales han demostrado que todo era legal”, aclaran desde el Ministerio de Rego.

Sobre la reunión boicoteada, aseguran desde la cartera de Sira Rego, era meramente informativo para que las comunidades supieran qué se va a aprobar en Consejo de Ministros. Los temas a tratar eran, uno relativo a las violencias que sufren las infancias, otro sobre la implementación del modelo Barnahús, y otro, el polémico para la derecha, actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para infancia migrante no acompañada. “Es muy evidente que tienen la necesidad de estar abrazados a Vox justo cuando están negociando los gobiernos autonómicos y andan en busca de gestos”, explican a Público fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud.

Desde el Ministerio regentado por Izquierda Unida sostienen que los cambios en los números de acogida de cada comunidad autónoma no variarán demasiado a los que ya están publicados. Aunque el cambio será mínimo, el profundo malestar visibilizado por las comunidades gobernadas por el PP es apoyado desde Génova, aunque en el pasado aprobó el reparto de menores. “Nos parece excelente”, dicen fuentes oficiales del PP nacional sobre el plante de las comunidades al Gobierno. “Hemos estado en contacto con las comunidades autónomas y respaldamos su decisión”, aseguran. Ceuta, Melilla y Canarias (gobernadas y cogobernadas por el PP) sí participaron en la reunión junto a Catalunya, Euskadi, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, pero desde Génova restan importancia a su presencia y no consideran que rompa la unidad del partido: “Ceuta y Melilla no son comunidades y Canarias la vicepresidimos”, alegan para rebajar un supuesto conflicto.

Tras la ruptura con Vox y la radicalización del PP, el reparto actual fue acordado en agosto de 2025 y se hizo acorde a un cociente realizado para cada comunidad en base a su población. Andalucía, Catalunya y Madrid resultaron como las regiones que más menores tendrían que acoger. Ayuso anunció su negativa de forma instantánea y el PP le respaldó, pero varias comunidades se saltaron esa orden de bloqueo y, una vez aprobado el real decreto se acogieron a la norma para declarar la contingencia migratoria en sus regiones.

Jose Carmona

Periodista e historiador, es redactor de Política en ‘Público’, cubriendo las informaciones del Partido Popular y Vox. Ha trabajado en comunicación política y dirigido equipos como redactor jefe en Sociedad, Sanidad y Educación. Fue enviado especial al Sáhara Occidental y Argelia.