La población migrante en Sevilla ya sufre las consecuencias del acuerdo que PP y Vox firmaron en diciembre para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de la capital andaluza, que incluía un endurecimiento del control del empadronamiento de personas extranjeras, la vía principal para acceder a servicios públicos y al permiso de residencia. Dos asociaciones que trabajan con esta población, Sevilla Acoge y Pro Derechos Humanos de Andalucía, han asegurado a Público que la administración municipal está denegando muchos certificados de empadronamiento a quienes ya estaban censados y exigiendo nuevos requisitos, insalvables en la mayoría de los casos, a quienes solicitan ahora registrarse como vecinos de Sevilla.

El PP, que gobierna la ciudad más poblada de Andalucía con José Luis Sanz de alcalde, accedió a la exigencia de Vox para incluir en el acuerdo de los presupuestos municipales de 2026 un mayor control sobre el empadronamiento de personas extranjeras. “Controlaremos el padrón para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales (…) Hemos dado un pequeño paso para impedir la inmigración ilegal en nuestra ciudad, que es un fenómeno creciente que preocupa a los sevillanos porque genera problemas de carácter social”, dijo entonces la portavoz del grupo de ultraderecha, Cristina Peláez.

La población migrante en Sevilla ya sufre las consecuencias del acuerdo que PP y Vox firmaron en diciembre para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de la capital andaluza, que incluía un endurecimiento del control del empadronamiento de personas extranjeras, la vía principal para acceder a servicios públicos y al permiso de residencia. Dos asociaciones que trabajan con esta población, Sevilla Acoge y Pro Derechos Humanos de Andalucía, han asegurado a Público que la administración municipal está denegando muchos certificados de empadronamiento a quienes ya estaban censados y exigiendo nuevos requisitos, insalvables en la mayoría de los casos, a quienes solicitan ahora registrarse como vecinos de Sevilla.

El PP, que gobierna la ciudad más poblada de Andalucía con José Luis Sanz de alcalde, accedió a la exigencia de Vox para incluir en el acuerdo de los presupuestos municipales de 2026 un mayor control sobre el empadronamiento de personas extranjeras. “Controlaremos el padrón para impedir la inscripción de inmigrantes ilegales (…) Hemos dado un pequeño paso para impedir la inmigración ilegal en nuestra ciudad, que es un fenómeno creciente que preocupa a los sevillanos porque genera problemas de carácter social”, dijo entonces la portavoz del grupo de ultraderecha, Cristina Peláez.
Las consecuencias no han tardado en aflorar. Sevilla Acoge, la mayor organización de atención a la población migrante en la capital andaluza, y el servicio de asistencia jurídica a extranjeros de la Asociación Pro Derechos Humanos han atendido en los dos últimos meses un gran número de consultas de personas afectadas por el endurecimiento de las condiciones del empadronamiento, en unos casos porque en el Ayuntamiento les deniegan el certificado que demuestra que están registrados como vecinos en Sevilla y en otros porque les exigen nuevos requisitos que no pueden cumplir.

“Cada vez hay más casos de gente que tiene muchas dificultades para acceder al padrón, que siempre ha sido un tema complicado, pero ahora ya hay un problema de atasco desde el acuerdo que se firmó con Vox”, dice a Público el presidente de Sevilla Acoge, Omar El Hartiti.

Alquiler de habitaciones, el más afectado
Quienes están teniendo más problemas, según Hartiti, son las personas que comparten pisos en una ciudad donde el precio de la vivienda se ha disparado hasta el punto de solo dejarles la posibilidad de alquilar una habitación por 300 o 400 euros al mes. “Antes, para darles el padrón tan solo comprobaban que tenían un domicilio, pero ahora lo que nos están diciendo es que les exigen un contrato de alquiler a su nombre o un recibo del agua a su nombre para poder empadronarse, que muchos no tienen porque solo están pagando una habitación”, explica el presidente de Sevilla Acoge.

“Antes no era una política del Ayuntamiento excluir a los migrantes del padrón. Podía haber algún técnico más reacio, pero ahora es sistemático. La situación se complica más y eso empuja a las personas a más clandestinidad”, se lamenta Hartiti, que responsabiliza de esta situación al acuerdo que firmaron en diciembre PP y Vox. “Ese acuerdo añade es para excluir, marginar más a los inmigrantes y no darles la oportunidad de que estén regularizados”.

Un par de semanas después de ese acuerdo empezaron a llegar las quejas y consultas al servicio de asistencia jurídica gratuita a migrantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Sevilla. “Desde enero hay un problema con el padrón en Sevilla”, asegura a Público el responsable del servicio, Roberto Cid.

Este abogado presume que, a raíz del acuerdo con la ultraderecha, ha habido una creciente presión policial sobre propietarios de los pisos donde figuraban como censadas personas migrantes y, como consecuencia, muchas de ellas han sido dadas de baja en el padrón. Esas personas, según Cid, son a las que ahora les niegan en el Ayuntamiento el certificado del empadronamiento que tanto les costó conseguir en su momento.

Además, el portavoz de Derechos Humanos detalla que ahora el Ayuntamiento exige requisitos “absurdos” para empadronarse que antes no pedía y con unos criterios que, sospecha, varían en función del distrito municipal: más restrictivos donde hay más población migrante y más flexibles donde ésta es minoritaria. Entre esos nuevos requisitos, Cid señala la exigencia de que la solicitud del padrón esté firmada también por el propietario del piso, en muchos casos compartido por varias personas que alquilan por habitaciones y sin contrato, o la obligación de aportar el NIE (Número de Identificación de Extranjero).

El Ayuntamiento, al cierre de esta información, no ha respondido a las preguntas de Público sobre las denuncias de migrantes por las trabas que les están poniendo para su empadronamiento en la capital andaluza.

En la web del padrón municipal, el Ayuntamiento informa de que para solicitar el empadronamiento hay que aportar un documento acreditativo de la titularidad de la vivienda (referencia catastral) o un contrato de alquiler junto al último recibo del pago de la renta o un contrato de suministro o última factura de la empresa municipal del agua (Emasesa), pero nunca facturas de suministro de luz o gas, que no son admitidas. En el caso de que el solicitante viva en un domicilio donde consten como empadronadas otras personas, se requiere la autorización firmada de una persona que tenga título de la vivienda, como propietario o arrendatario.

Incertidumbre por la regularización
Muchas personas migrantes están viviendo con gran incertidumbre el endurecimiento de las condiciones para el empadronamiento en la ciudad de Sevilla porque se ha producido justo en medio, además, del proceso de regularización extraordinaria emprendido por el Gobierno central para quienes acrediten residir en España desde al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre. El padrón puede ser uno de los documentos que acredite esa residencia. “Ahora se ha complicado conseguir ese comprobante y están viniendo a nuestra asociación para pedir ayuda, porque ven que si no lo tienen, no los regularizan”, dice Omar El Hartiti.

Según Roberto Cid, aunque en la regularización extraordinaria, pendiente aún de su puesta en marcha con la aprobación de un decreto anunciado para principios de este mes, se podrá demostrar la residencia con otros documentos, aparte del empadronamiento, la población migrante está viviendo con “frustración” los obstáculos que está poniendo el Ayuntamiento de Sevilla para acceder al padrón.

El sindicato CCOO ya advirtió tras el acuerdo de PP y Vox sobre el empadronamiento de personas extranjeras que esa medida podría constituir un delito de odio y una vulneración del principio constitucional de no discriminación, al pretender segregar del padrón a personas por su situación administrativa. Su secretario general en Sevilla, Carlos Aristu, avisó, además, que si algún trabajador municipal recibía instrucciones o presiones para “realizar una cacería administrativa” contra estas personas, CCOO lo pondría en conocimiento de manera inmediata ante la fiscalía.

La tramitación por vía de urgencia de una regularización extraordinaria, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero, prevé beneficiar a unas 500.000 personas migrantes que acrediten haber residido en España cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Quienes accedan a ella dispondrán de un permiso de residencia inicial de un año, transcurrido el cual podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que, según el Gobierno, permitirá una integración plena y progresiva en el sistema.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dijo entonces que las solicitudes se empezarían a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos en la tramitación del real decreto, y que el proceso estaría abierto hasta el próximo 30 de junio. Sin embargo, el decreto aún no ha sido aprobado y, por tanto, aún no se ha abierto el plazo para presentar las solicitudes.