El Ayuntamiento de Pinto, gobernado por el PP, ha mostrado su malestar por lo que considera una “decisión unilateral” del Gobierno de Pedro Sánchez de financiar una vivienda de acogida para menores migrantes no acompañados, menas, en el municipio, sin haber informado previamente al Consistorio.
Según fuentes municipales, el proyecto estaría gestionado por una entidad privada en un domicilio particular y contaría con financiación estatal a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ayuntamiento asegura que tuvo conocimiento de la iniciativa a través de los propios vecinos de la zona.
Desde el Consistorio subrayan que no han participado “en ningún momento” en la evaluación de los recursos disponibles ni han podido analizar el posible impacto en los servicios públicos, la convivencia o la seguridad del municipio. Ante esta situación, técnicos municipales están estudiando si la actividad cumple con la normativa vigente tras las primeras comunicaciones vecinales.
“El Ayuntamiento de Pinto es el primer sorprendido por esta decisión”, han insistido fuentes municipales, que recalcan que seguirán defendiendo “los intereses de los vecinos por encima de todo”.
Repulsa de Más Madrid
Por su parte, la formación Más Madrid Pinto ha expresado su “absoluta repulsa” al comunicado emitido desde el Ayuntamiento, al considerar que no representa al conjunto de la corporación. Desde el partido sostienen que “la seguridad de un municipio no se garantiza señalando a los más vulnerables, sino fortaleciendo las instituciones que los protegen”, y advierten de que vincular a los menores con su origen o etnia “quiebra la paz social”.
La concejal Elena Ancos ha defendido que “la seguridad real en Pinto se construye con recursos para la mediación, educación y servicios sociales, no con comunicados que alimentan prejuicios”, y ha recordado que el municipio tiene otros “problemas domésticos” que atender.
Asimismo, la formación ha denunciado el “uso partidista de canales oficiales” y ha hecho referencia a una queja presentada ante el Defensor del Pueblo. “Utilizar recursos públicos para difundir mensajes que segregan a la población por su origen es una práctica contraria a la ética democrática”, han señalado.
Finalmente, desde Más Madrid Pinto han exigido al equipo de Gobierno municipal, formado por Partido Popular y Pinto Avanza, que rectifique y retire cualquier comunicación institucional que, a su juicio, promueva la estigmatización, apostando en su lugar por políticas de integración y protección de la infancia.