La

Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia

no se celebró este miércoles. Las

comunidades autónomas gobernadas por el PP

, con la excepción de Ceuta,

no se presentaron a la convocatoria

que presidía la

ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

, y la reunión quedó suspendida antes de empezar. No era la primera vez. El bloqueo tiene ya historia, pero las consecuencias las sigue pagando

Canarias.

El encuentro estaba convocado para abordar la continuidad del modelo de

distribución de menores migrantes

no acompañados

entre todas las autonomías, tras cumplirse un año desde la reforma de la Ley de Extranjería que obligó a los distintos territorios a hacerse cargo de estos jóvenes y aliviar así la presión sobre las zonas de llegada. El orden del día también incluía, según fuentes consultadas, la presentación del

Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024

, así como el estado de implantación del modelo Barnahus en España. Nada de eso se pudo tratar. Otra vez.

Delgado pide agilidad al Consejo de Ministros

La

consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado,

salió al paso de los medios y señaló que si la sectorial no puede funcionar, que el Gobierno actúe por su cuenta. Delgado reclamó a Sira Rego que, ante la imposibilidad de haber celebrado la conferencia, "

se agilice la toma de decisión por parte del Consejo de Ministros para aprobar ese nuevo Real Decreto que avale esa nueva prórroga que establece el Real Decreto Ley

“.

Para Canarias, la cuestión es urgente, ya que en el último año, a pesar de la dura oposición de muchas comunidades – once han recurrido el modelo ante el Tribunal Constitucional – ,

se han derivado más de 1.100 niños y adolescentes

, lo que ha permitido al Archipiélago salir de la situación de hacinamiento en la que se encontraba. Pero el mecanismo necesita respaldo normativo para seguir funcionando, y ese ahora mismo está en el aire.

La consejera fue explícita sobre lo que Canarias necesita a partir de ahora: que el Estado apruebe decretos que reflejen la contingencia migratoria con los datos concretos de 2026 y que se continúe trabajando al amparo de lo aprobado en el Congreso para seguir con las derivaciones, tanto de las nuevas llegadas como de los menores que ya superen esa contingencia.

Lo llamativo del episodio es la posición en que queda el

PP canario. El

Ejecutivo regional

es un cuatripartito entre Coalición Canaria, el PP, ASG y AHI, y Delgado se encargó de dejar claro que cuenta con “todo el apoyo” del

vicepresidente Manuel Domínguez (PP)

y del Consejo de Gobierno en su conjunto. Pero sus correligionarios del resto del país acaban de impedir que la sectorial siguiera adelante.

El hartazgo de la consejera no es nuevo ni impostado. Delgado lleva tiempo sosteniendo que con estos menores “ha pesado más su condición de migrantes que su realidad de menores”, y que el Archipiélago ha cargado durante años con una responsabilidad que debería ser compartida por toda España.