Trump mantiene su apuesta por las expulsiones exprés de migrantes y ha puesto en marcha toda la maquinaria diplomática para ejecutarlas. Este domingo Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) han firmado un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde suelo estadounidense hacia el país africano. Así, la RDC se suma a la lista de naciones con las que la Administración Trump ha firmado pactos similares, entre ellas El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. Un fenómeno que no se limita a Estados Unidos. En la Unión Europea países como Italia también han firmado acuerdos con Albania para expulsar migrantes a terceros países, mientras que Reino Unido e Israel también han recurrido a estados como Ruanda y Uganda para este propósito.

Lo que estos convenios revelan es un patrón inequívoco: los acuerdos se dan entre países con niveles de riqueza radicalmente distintos. Mientras Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Reino Unido e Israel tienen un PIB per cápita de entre 33.000 y 90.000 dólares, los países receptores —RDC, Ruanda, Uganda o Sudán del Sur— presentan cifras que oscilan entre 300 y 1.100 dólares. Una brecha económica que evidencia que las naciones más ricas ejercen influencia sobre las más pobres para facilitar la externalización de políticas migratorias.

En la Unión Europea países como Italia también han firmado este tipo de acuerdos

Desde Amnistía Internacional han expresado su preocupación por “la asociación asimétrica que representan estos acuerdos”. La subdirectora y jefa del equipo de Derechos de Refugiados y Migrantes del secretariado internacional de la ONG, Francesca Pizzutelli, explica a Público que muchos países del sur global aceptan estos acuerdos a cambio de incentivos políticos y económicos. Esto ocurre en un contexto en el que países más ricos, como Estados Unidos durante la administración Trump, han aplicado políticas que les perjudican —como recortes de ayuda exterior, aranceles comerciales o restricciones de visados—, por lo que estos acuerdos también funcionan como una forma de compensar o aliviar esas medidas.

“Por ejemplo, tras la conclusión de los respectivos acuerdos de devolución a terceros países, Liberia, Ruanda y Uganda lograron asegurar inversiones estadounidenses en su sector de salud. En el caso de Sudán del Sur, el Gobierno incluyó en las negociaciones la eliminación de sanciones individuales impuestas a funcionarios del gobierno sursudanés, la relajación de restricciones de visado y nuevas inversiones en el país africano”, explica.

En el caso concreto de este último acuerdo de EEUU con la RDC, según ha avanzado el país africano, las deportaciones desde EEUU se gestionarán “respetando la soberanía nacional y la seguridad interna”. Además, añade que se presentarán como un “dispositivo de acogida temporal”, no como una reubicación permanente. Lo que, según apunta el The New York Times, implica que solo acogerá de manera provisional a los migrantes para posteriormente deportarlos de nuevo, lo que dejaría a muchas personas atrapadas en un ciclo de expulsiones y detenciones.

Falta de transparencia en los acuerdos
Una investigación de The New York Times ha revelado que la Administración Trump ha puesto en marcha una “intensa campaña de presión diplomática” sobre al menos 30 gobiernos africanos para que aceptaran migrantes deportados desde Estados Unidos, incluso cuando estos no tenían vínculos con dichos países. Según esta información, la Casa Blanca habría instado a sus diplomáticos a poner sobre la mesa amplios incentivos en las negociaciones, incluyendo financiación para fuerzas de seguridad extranjeras, alivio de restricciones de visado y aranceles, apoyo a sistemas sanitarios e incluso la reconsideración de la inclusión de determinados países en listas de vigilancia.

La Casa Blanca habría instado a sus diplomáticos a poner sobre la mesa amplios incentivos en las negociaciones

Pizzutelli advierte además de la falta de transparencia que rodea a estos pactos. “Aunque algunos acuerdos han salido a la luz en Estados Unidos al ser solicitados bajo la Ley de Libertad de Información, muchos otros siguen siendo secretos”, afirma. En los casos en los que sí hay información disponible, algunos acuerdos contemplan el pago de millones de dólares. Esuatini, por ejemplo, aceptó recibir hasta 160 migrantes deportados a cambio de 5,1 millones de dólares destinados a “reforzar su capacidad de gestión fronteriza y migratoria”. Mientras que Ruanda, por su parte, acordó acoger hasta 250 personas por 7,5 millones de dólares con el mismo objetivo.

La experta también denuncia que Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en estos países tras las deportaciones. “Hay muchas personas que siguen siendo retenidas tras detenciones arbitrarias en Esuatini y Sudán del Sur y los abogados todavía enfrentan dificultades para acceder a sus clientes en esos países”, explica. Las organizaciones también denuncian que en Guinea Ecuatorial, Camerún o República Democrática del Congo ocurren numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos a detenidos.

Un modelo cada vez más cerca de la UE
Europa también avanza en esta línea, más allá del acuerdo entre Italia y Albania —donde la justicia italiana paralizó estos traslados—, otros países como España, Francia o Alemania llevan años firmando acuerdos con Estados africanos como Marruecos, Túnez o Senegal, aunque estos se han centrado principalmente en la devolución de personas a sus países de origen o tránsito y de fomentar la vigilancia en sus fronteras.

Naufragio de una embarcación en Turquía que ha dejado 70 personas muertas.
Imagen de archivo del buque de la marina italiana Libra, que transporta a los primeros migrantes cuyas solicitudes de asilo se tramitarán en Albania en lugar de en Italia.
Imagen de archivo de un buque la marina italiana, que transportaba a los primeros migrantes cuyas solicitudes de asilo se tramitan en Albania en lugar de en Italia.EP/ Armando Babani
Sin embargo, Pizzutelli advierte de que el modelo impulsado por Estados Unidos e Italia podría legislarse en la Unión Europea con la futura aprobación del Reglamento de Retorno. “En los últimos años, varios Estados miembros —liderados por Grecia, Austria, Alemania, Países Bajos y Dinamarca— han manifestado cada vez con mayor claridad su intención de aumentar las deportaciones hacia países con los que las personas no tienen ninguna conexión, o en los que incluso nunca han estado, incluyendo la creación de ‘centros de retorno’ dentro del marco jurídico de la UE”, explica.

Esta propuesta, incluida en el Reglamento de Retorno, está cada vez más cerca de materializarse, el Parlamento Europeo ya ha aprobado la norma, “mientras avanzan en paralelo diálogos bilaterales informales con países como Ruanda, Uganda o Uzbekistán”, asegura la experta.

“La expulsión de migrantes o el intento de externalizar responsabilidades de asilo implica un riesgo de detención automática- y, por tanto, arbitraria e ilegal- en terceros países, lo que vulnera el derecho a la libertad y la prohibición de la devolución, así como riesgos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, transferencias ilegales a otros países y situaciones prolongadas de limbo e incertidumbre”, añade.

En el caso de Estados Unidos, Pizzutelli denuncia un endurecimiento extremo de estas políticas. “La administración Trump está aterrorizando no solo a los migrantes en sus comunidades, obligándolos a vivir con miedo, sino también a cualquiera que sea percibido como migrante o refugiado”, afirma. La detención masiva y las expulsiones ilegales, añade, “separan familias, traumatizan comunidades y desperdician miles de millones de dólares de los contribuyentes”, en lo que considera una estrategia más amplia de deshumanización basada en el miedo y en narrativas falsas.

La experta subraya además que este tipo de políticas exige un refuerzo profundo del aparato coercitivo del Estado. “Para deportar a refugiados y migrantes a cualquier Estado receptor, los gobiernos requieren una ampliación dramática de sus mecanismos de expulsión forzada, así como de su capacidad de encarcelamiento y detención de aquellas personas que no consienten voluntariamente ser trasladadas”, señala. A su juicio, los gobiernos deberían priorizar inversiones en vivienda asequible, educación, sanidad e infraestructuras públicas, en lugar de reforzar sistemas que, sostiene, terminan perjudicando a las personas.

Laura Anido

Periodista encargada de Derechos Sociales y Migraciones en ‘Público’. Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también cursó un máster en Estudios Internacionales. Además, cuenta con un máster en Periodismo Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos. Anteriormente formó parte de la redacción de ‘El Correo Gallego’.