A finales de febrero, apenas un mes después de que el Consejo de Ministros anunciara la tramitación urgente de un real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes, el Gobierno vasco se puso en contacto con el de España. Concretamente, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico dirigido por Nerea Melgosa (ala del PNV en el Ejecutivo de coalición vasco) remitió un documento al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con cinco propuestas para modificar el texto. Entre ellas, la incorporación de un apartado para que en el procedimiento se valorase el aprendizaje del euskera por parte de los inmigrantes.

Dos días después de una reunión en la que Melgosa transmitió a Saiz su disposición a «colaborar», el 18 de febrero, le hizo llegar el documento con «aportaciones y alegaciones» al real decreto que fue presentado el 27 de enero y posteriormente elevado a audiencia pública. Conviene recordar que su tramitación para modificar otro real decreto clave, el 1155/2024 de 19 de noviembre (que regula el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, donde se integran los derechos y libertades de los extranjeros en España), no está sometida a debate en el Congreso de los Diputados. Es por esto que las modificaciones reclamadas por los nacionalistas no dependen de una votación como ocurre, por ejemplo, con el proceso de enmiendas en un proyecto de ley. Un día después de las primeras, el Gobierno vasco enviaba una «alegación adicional» al ministerio.
En total eran cinco propuestas de modificación entre las que pedían añadir que en «el procedimiento de primera renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales única (una de las dos vías que establece la medida), se valorará positivamente la acreditación del inicio del aprendizaje de la lengua o lenguas oficiales del territorio en el que la persona extranjera tenga su residencia habitual». Es decir, en el caso del País Vasco, tanto el euskera como el castellano. De acuerdo con la redacción literal, que figura en una respuesta remitida a EH Bildu en el Parlamento vasco, pretendía que «las personas titulares de la autorización» dispusieran de «un plazo máximo de un año desde su concesión para acreditar su participación en actividades formativas dirigidas al aprendizaje lingüístico».

El documento remitido por el Gobierno vasco advertía de la redacción «ortopédica» de términos clave en el decreto previsto para la regularización

«El conocimiento de las lenguas oficiales del entorno de residencia constituye un elemento esencial para la participación plena en la vida social, educativa y laboral, así como para el acceso efectivo a los servicios públicos y a los itinerarios de inserción», explicaban en la justificación, donde, pese a establecer un plazo máximo para acreditar el aprendizaje, insistían en que esto no se configuraba como un requisito: «La incorporación de una previsión específica que fomente el aprendizaje lingüístico en el marco de la primera renovación, sin configurarlo como un requisito excluyente, permite reforzar los objetivos de cohesión social y convivencia, respetando al mismo tiempo los principios de proporcionalidad y no discriminación».

A la espera del Consejo de Estado
Pese a que la previsión de arranque de las solicitudes estaba prevista para principios de abril, actualmente, según trasladan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el decreto se encuentra en proceso de elaboración a la espera de un informe del Consejo de Estado: «Todavía puede sufrir modificaciones». En cuanto a las peticiones del ala controlada por el PNV en el Gobierno vasco (ha habido 350 en total remitidas por otros ministerios o hasta doce Gobiernos autonómicos), desde el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico afirman que no han recibido respuesta. Tampoco se abordaron en la Comisión Bilateral entre Pedro Sánchez y el lendakari Imanol Pradales del pasado 27 de marzo, aunque sí se trató de forma «general» el fenómeno de la inmigración.

Más allá de la cuestión lingüística, el documento que hizo llegar Melgosa a Saiz incluía cambios en la terminología del algunos puntos del texto como la propia definición de las autorizaciones, que calificaba de «ortopédica». También reclamaba el reconocimiento del papel de las comunidades autónomas en la «definición, desarrollo y acreditación de itinerarios formativos y de inserción laboral». En ese sentido, pese a valorar «positivamente» la iniciativa, el Gobierno vasco advertía que «la profusión de vías excepcionales para legalizar la estancia y trabajo de las personas extranjeras» distorsiona la planificación de procesos que, en el caso del País Vasco (asumió en junio de 2025 la gestión de estas autorizaciones), son de competencia autonómica.

Además, señalaba que la regularización extraordinaria obliga a que los servicios sociales acrediten la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes y que esto puede hacerlo no sólo la administración pública, sino también una ONG colaboradora con extranjería. «No parece adecuado dotar de poder certificante […] a una asociación privada en el mismo plano que la administración competente. Ello menoscaba la competencia de la administración vasca y puede dar lugar a criterios dispares o incluso a falta de control», señalaban sobre un texto que, por el momento, se desconoce si tendrá estas consideraciones en cuenta.