La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, demanda que la reubicación de menores migrantes solos entre comunidades sea un procedimiento permanente mientras una región esté en situación de contingencia, esto es, acoja a más menores de los que sus recursos pueden dar cobijo. No obstante, añadió, el real decreto ley que está en vigor «establece una prórroga durante un año más», por lo que rechaza el argumento de Madrid de que acabado el plazo el pasado 18 de marzo ya no tiene que acoger a más niños, niñas y adolescentes migrantes.

Delgado recordó que cuando se aprobó la contingencia migratoria extraordinaria Canarias acogía a más del triple de menores de los que podía atender y se sabía que «no iba a dar tiempo» a trasladar a los que ya estaban entre agosto y marzo. Además, continuó, a las costas de las islas «iban a seguir llegando menores», como así ha sido. Unos 333 solo en el primer trimestre de este año. Por eso, dijo, «lo bueno es que ya estuviera definida por ley el sistema de reubicación no como un proceso coyuntural sino que se estableciera automáticamente».

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le pidió en una carta a Madrid que cumpla con la legalidad vigente y acoja a los menores.

«El mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes establecido por el Real Decreto-ley 2/2025 continúa plenamente vigente mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla», señala Torres.

El ministro señala en su carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid «si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida. En consecuencia, el sistema de reubicación de menores previsto en la normativa estatal «debe seguir aplicándose».

En la carta el ministro recuerda que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución. Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó, en un decreto emitido el 27 de marzo, que «las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión».

Por ello el ministro afirma que dichas reubicaciones «cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley».

La consejera de Bienestar Social compareció este martes junto a la nueva presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, tras una reunión con el presidente regional, Fernando Clavijo, en la capital grancanaria.

Espinosa comentó que una de las prioridades de Unicef «es atender al interés superior del menor» en los traslados. «Que se tenga en cuenta su opinión. Y que las comunidades autónomas de acogida garanticen en la recepción del menor los derechos a toso esos niños y niñas. Esa, dijo, «es nuestra vigilancia». Los niños y niñas «deben tener los mismo derechos que cualquier menor que vive en nuestro país», advirtió.

Desde hace unos meses Unicef cuenta en las islas con varias unidades móviles que sirven para dar apoyo psicológico a los menores migrantes solos. La idea es ampliar este servicio a todo los menores acogido en la comunidad. «Damos apoyo a niños por su historia de transito porque requieren una atención más precisa. No pueden ser atendidos en programas de las unidades de salud mental» de los centros sanitarios, añadió la responsable de Unicef en España.

Delgado, por su parte, recordó que este miércoles se celebra una nueva Conferencia Sectorial de Infancia y pidió un «esfuerzo» a las comunidades para poder continuar con las derivaciones. El pasado fin de semana llegaron varios menores migrantes solos a las islas y este martes en un cayuco que arribó a El Hierro llegaron otros siete.

«Canarias va a seguir en contingencia migratoria y esperamos que este próximo año y el que viene se convierta en una norma estable», abundó.

La consejera sí contrapuso la necesidad de que el Estado ponga a disposición de las comunidades recursos económicos para hacer frente a la acogida de menores en sus centros de tal forma que puedan abrir nuevas plazas. «Cuando se convalidó el real decreto del 29 de agosto ya dijimos que los 100 millones de euros que ponía el Estado eran insuficientes para atender a todos esos menores. Pedimos al Gobierno que lo mismo que exige a las comunidades, también se exija a sí mismo y que también cumpla», dijo Delgado.