En 2025, fallecieron en Asturias 13.221 personas, frente a 4.577 nacimientos. Aun así, gracias a unas cifras récord de inmigración, con más de 13.000 extranjeros empadronados en la región en 2024, la población del Principado era de 1.021.733 habitantes a enero de 2026, es decir, 6.600 más que en el mismo mes del año anterior. Esto no impide que Asturias encabece la tabla española de envejecimiento, con un índice del 265 por ciento, y con un 28 por ciento de su población mayor de 65 años. Pero Asturias presenta otro dato para la reflexión: es una de las autonomías donde la tasa de abortos voluntarios ronda el 13 por mil, entre mujeres de 15 a 45 años, una de las más altas de España si tenemos en cuenta que tanto en Madrid como en Barcelona se practican interrupciones del embarazo a mujeres procedentes de otros lugares del territorio nacional en mayores proporciones. Asturias, pues, es un paradigma del suicidio poblacional que afecta a buena parte de Europa y un laboratorio perfecto para esas políticas de remplazo, de sustitución, que preconizan las Belarras, que, en resumen, es cambiar asturianos de pura cepa por voluntariosos extranjeros, con el riesgo subsiguiente de finiquito para una de las mejores gastronomías de España, en línea con esa agenda globalista que mira mal los suelos de serrín empapando sidra, los platos contundentes de alubias y ese monumento al colesterol que es el cachopo. Lo cierto es que el problema es general en una España que entre 2015 y 2024, últimos datos disponibles, ha visto abortar a 962.551 niños, lo que para algunas personas, entre las que me encuentro, no es algo de lo que sentirse orgulloso, más bien todo lo contrario, se pongan como se pongan las ministras del Gobierno, esas tan preocupadas por que se empiezan a visibilizar puntos de resistencia institucional a la matanza y pretenden blindarlo constitucionalmente, como si 100.000 abortos al año no colmaran suficientemente sus expectativas. Aun así, a las Belarras y demás compañeras mártires del feminismo el proceso de sustitución, ese que conformará una nueva sociedad multicultural en la que Pablo Iglesias será sacado bajo palio camino de La Moncloa – y no expulsado de las instituciones democráticas, envuelto en las actas de un pésimo desempeño electoral, como es el caso – , se les va a hacer muy largo. Porque no sólo abortan las españolas de pura cepa, sino que esa práctica tan progresista alcanza a un 30 por ciento de las mujeres inmigrantes, con especial relevancia entre las hispanoamericanas, que también sufren, dicho sea de paso, los peores índices de pobreza, lo que ralentizará el proceso de relevo poblacional. Convendría que el progresismo gobernante, ese que se llena la boca con la salud mental y despliega observatorios del suicidio al tiempo que aplica la inyección mortal a una joven con trastorno límite de personalidad, tratable, que no quería seguir viviendo, se planteara seriamente cuántos abortos al año creen que hay que practicar para cumplir sus expectativas ideológicas y llevar a término su modelo de liberación de la mujer. ¿Con doscientos mil al año habría bastante? ¿Trescientos mil por si nos quedamos cortos? Más que nada para que el Estado, los gobiernos de turno, aborden con datos y cifras unas políticas migratorias que compensen nuestros niños perdidos por los desagües. Que luego se nos quedan cortos los presupuestos de acogida y no se le pueden encasquetar todos a la pobre Ayuso.