El Senado planteará un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, el decimotercero desde que comenzó la legislatura y en democracia, contra el Gobierno … y el Congreso por vetar dos enmiendas en la ley contra la multirreincidencia que restringía el actual procedimiento de regularización de inmigrantes mediante un mayor control de los antecedentes penales. El informe preliminar de los letrados de la Cámara alta considera inconstitucional este veto que impidió que los diputados tuviesen la oportunidad de pronunciarse el pasado marzo sobre dos de las modificaciones introducidas en el texto por los senadores del PP por lo que el grupo que dirige Alicia García lo llevará al próximo Pleno. «Todo apunta a la inconstitucionalidad», reconoció la portavoz conservadora, que espera que el informe del equipo jurídico este para finales de esta semana.

No es la primera vez que el Ejecutivo impide que se debatan enmiendas que la Cámara Alta ha introducido haciendo uso de su potestad para vetar iniciativas que modifiquen los Presupuestos en curso. En marzo, el Gobierno ya aprovechó su mayoría en la Mesa para admitir el veto a una enmienda del PP en la tramitación parlamentaria de la ley de desperdicio alimentario para que se rebajara el IVA de los alimentos básicos del 4% al 2%, y otra de ERC y Junts para prorrogar la vida útil de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas. Los populares plantaron batalla y activaron una nueva ofensiva ante el tribunal de garantías como hicieron a finales de 2025 por las irregularidades en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible cuando el Ejecutivo volvió a vetar sus enmiendas.

El primer conflicto de atribuciones que presentó el Senado fue en abril de 2024 por la ley de amnistía al considerarla una «reforma encubierta de la Constitución» por lo que reclamó a Francina Armengol que retirara la iniciativa. Sin embargo, el Congreso desestimó la solicitud y, en mayo, la Cámara alta optó por no trasladar el conflicto ante el tribunal de garantías. Tras él se consumaron nuevos choques por la reforma judicial que benefició a presos de ETA, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia o por el bloqueo sistemático de la Cámara baja de las iniciativas legislativas aprobadas por la mayoría absoluta del Senado.

En febrero, la Cámara que preside Rollán planteó el primer conflicto de atribuciones contra un presidente del Gobierno de la historia de la democracia a instancias del PP tras la decisión de Pedro Sánchez de no comparecer ante el Pleno extraordinario convocado para el 29 de enero para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Rodalíes. Una incomparecencia con la que, a ojos de los populares, el jefe del Ejecutivo vulneró la facultad y el derecho que otorga la Carta Magna al Senado para ejercer sus funciones de control parlamentario y que tiene sustento en el reiterado menosprecio de éste a la Cámara tras casi dos años sin acudir a una sesión de control allí.