Las imágenes de las chabolas donde viven sin suministro de luz y agua miles de migrantes que trabajan en los invernaderos de Almería, conocida como la huerta de Europa, en condiciones muy precarias muchos de ellos, han llegado a las instituciones de la UE. Un documental que indaga en esa realidad ha sido presentado en el Comité Europeo de las Regiones, asamblea consultiva comunitaria, acompañando a un informe elaborado por DignityFirm, un proyecto de organizaciones de siete países que pretenden mejorar las condiciones de los migrantes empleados en la cadena de suministro alimentario de la UE.

El documental, titulado The others, ha sido realizado por Ofelia de Pablo y Javier Zurita, de la productora Hakawiki Films, que llevan varios años investigando las irregularidades que se cometen con trabajadores migrantes en la agricultura intensiva de Almería y en la de los frutos rojos de Huelva. “Queríamos mostrar la realidad que hay debajo del milagro de la agricultura almeriense, sobre todo con voces que normalmente no se escuchan y llevarlas al Parlamento europeo, porque ese milagro no puede estar basado en la explotación”, resume Ofelia a Público el objetivo de este trabajo.

Desde DignityFirm, el proyecto que ha financiado el documental, lo explican así: “La denominada huerta de Europa alimenta a millones de consumidores cada día y se presenta como un referente en certificaciones ecológicas y buenas prácticas. Sin embargo, detrás de este éxito, miles de trabajadores migrantes viven sin agua ni electricidad, denuncian abusos laborales y, en algunos casos, violencia extrema”.

A través de testimonios de primera mano, grabaciones clandestinas y una labor de investigación, el documental intenta profundizar en las vidas que sustentan el modelo de la hortofruticultura intensiva almeriense, a la vez que “cuestiona las contradicciones de un sistema que promete sostenibilidad mientras quienes lo sostienen sufren explotación y una precariedad extrema”, detalla DignityFirm, un proyecto enfocado en promover “la dignidad a través de condiciones de trabajo seguras y saludables”.

Esa realidad, que ahora han podido ver en imágenes en el Comité Europeo de las Regiones, ha sido retratada en numerosos informes elaborados por organizaciones sociales y sindicales locales, que han denunciado reiteradas veces una “vulneración sistemática de los derechos humanos”, la discriminación en el acceso a la vivienda y el incumplimiento de la legislación laboral que padecen los trabajadores de un sector económico tan boyante como el de la agricultura intensiva almeriense.

Presentación del documental en Ámsterdam.
Presentación del documental en Ámsterdam.Cedida
Según datos publicados por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la pasada campaña hortofrutícola de la provincia de Almería se alcanzaron los 3.716 millones de euros en exportaciones, un 14% más que en la anterior, con un valor de comercialización total que superó los 4.500 millones y una producción de más de 4 millones de toneladas. Y más de la mitad de la superficie cultivada es de invernadero, que llega a las 33.000 hectáreas, donde sobresale la producción de pimiento, sandía, tomate, calabacín y pepino.
El cultivo ecológico tiene, además, un papel preponderante en la agricultura almeriense, de acuerdo con los datos de la Junta, ya que aglutina el 80% del total de Andalucía en ese sector en las hortalizas de invernadero.

El 98% de la mano de obra es extranjera
Tanta producción requiere mucha mano de obra: de 40.000 a 50.000 personas trabajan en los invernaderos y otros 30.000 en la industria del manipulado de los productos cultivados bajo plástico. Y el 98% de quienes trabajan en los invernaderos son, según los sindicatos, extranjeros, ocupados sobre todo en cientos de pequeñas explotaciones familiares que han dado forma a lo que se ha denominado el mar de plástico almeriense.

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Todo eso se traduce en un gasto magro en personal en una provincia donde las organizaciones empresariales se han quejado de las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que, a su entender, ponen en riesgo la continuidad de las explotaciones agrarias. El último Análisis Económico-financiero de la Empresa Española, publicado por Unicaja con datos de 2023, revela que el gasto anual por empleado en la agricultura de Almería es de los más bajos de España, con 22.479 euros, es decir, 4.084 euros menos que la media española, un dato que únicamente superan a la baja otras cuatro provincias andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Huelva) y Ceuta.

Un informe de CCOO sobre el fraude en las contrataciones, cotizaciones y pago del IRPF en el campo almeriense reflejó que en una sola campaña, la de 2019-20, los empresarios habían dejado de abonar en torno a 45 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, una cantidad que unos años, entre 2011 y 2015 , había situado en los 50 millones. Y entre 2018 y 2022, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso sanciones por valor de 14,5 millones de euros con más de 11.000 trabajadores de ese sector afectados por los incumplimientos de la normativa laboral.

En ese oscuro panorama laboral escarba el documental The others. “Nos hemos centrado en Almería porque es una especie de símbolo de lo que ocurre en otros lugares: es el mayor exportador de frutas y hortalizas de España y concentra muchos cultivos certificados y de buenas prácticas. Entendemos que es una manera de visibilizar lo que está ocurriendo en otros muchos sitios, que debajo de lo que llaman el milagro del siglo XXI hay una explotación laboral”, explica Ofelia de Pablo.

Asentamientos sin luz ni agua
Hay explotación laboral y también marginación en los municipios del levante y poniente almeriense que han crecido de forma vertiginosa gracias a la agricultura de invernadero, pero que no han sido capaces de ofrecer una vivienda digna a miles de sus trabajadores, aspecto que también se analiza en el documental presentado en la UE. Organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos, Andalucía Acoge o el Servicio Jesuita a Migrantes han denunciado de forma reiterada la existencia de decenas de asentamientos chabolistas, casas de labranza abandonadas y casetas para guardar aperos convertidas en viviendas, debido a la falta de alternativas dignas para alojar a buena parte de la mano de obra de la potente agricultura intensiva almeriense.

Imagen del documental ‘The Others’.
Imagen del documental ‘The Others’.Cedida
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Solo en los asentamientos viven sin suministro de luz y agua corriente (salvo la que sale de alguna fuente) entre 3.000 y 5.000 personas, según diferentes estimaciones, el 90% de las cuales afrontan, además, enormes dificultades para empadronarse y obtener el certificado municipal con el que poder acceder a servicios públicos y a la regularización de la situación legal en España. Únicamente un ayuntamiento, el de Níjar, que concentra el mayor número de chabolas, ha puesto en marcha un plan para realojar a sus ocupantes, pero intercalado con el desmantelamiento de asentamientos como el de Walili, que dejó sin techo a muchos trabajadores, muchos de los cuales acabaron trasladándose a otros poblados de chabolas hechas con restos de plásticos, cartones y palés.

El Servicio Jesuita a Migrantes, una de las organizaciones que más trabaja con esta población en la provincia de Almería, lo resume así en uno de sus informes, titulado Naufragar en el mar de plástico: “La imposibilidad de acceso a la vivienda genera en cadena una serie de condiciones que imposibilitan y vulneran los derechos de los migrantes. Si no hay vivienda, la probabilidad de tramitar la autorización de residencia o reagrupación (familiar) se reduce significativamente. Sin autorización de residencia y trabajo, las condiciones laborales empeoran, de igual forma, el proceso de integración de la persona”.

José García, portavoz del sindicato SOC-SAT en Almería, una de las organizaciones que ha participado en la elaboración del documental, considera que este trabajo va a permitir que se conozca algo que los medios y los poderes económicos y políticos locales intentan ocultar, aunque se trata de una realidad “fácil de ver”. “Lo que ocurre desde Adra hasta Pulpí es un escándalo que se oculta. Ha habido decenas de huelgas y conflictos en el campo y en muy pocas ocasiones los medios locales y regionales se han hecho eco”, dice a Público.

Según este portavoz sindical, la mayoría de los trabajadores de los invernaderos no perciben el salario mínimo, establecido en torno a unos 9,5 euros la hora, ya que tan solo les pagan entre 5 y 6 euros, a algunos, incluso menos. “Hay fraude también en las cotizaciones, las horas extra no se pagan a casi nadie… Y esto ocurre en las pequeñas y en las grandes empresas, en todas. El mercado laboral aquí se rompió hace tiempo”, asegura José García.

Los autores del documental pretenden que su trabajo sirva para poner soluciones a todos estos problemas y que la sociedad y las instituciones reaccionen. “Como consumidores, no podemos mirar para otro lado, tenemos que ser consecuentes y saber qué hay detrás de la producción que llega a los mercados. Hay que poner medidas adecuadas para solucionarlo y las partes implicadas deben dar respuestas para que estos trabajadores tengan unas condiciones dignas”, subraya Ofelia de Pablo.

Además de en el Comité Europeo de las Regiones de la UE, The others ha sido exhibido en Ámsterdam, durante la conferencia final donde fue presentado el trabajo de investigación llevado a cabo por DignityFirm y otros dos proyectos, con la asistencia de unos 200 expertos europeos en temas de migración. Sus realizadores pretenden presentarlo en varios festivales de cine y también en diversas universidades europeas, acompañando al proyecto de DignityFirm, que en España cuenta con la colaboración del Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB).