La Comunidad de Madrid cuenta con un sistema de protección de menores que funciona por su marco normativo robusto y que ofrece una atención especializada gracias a sus magníficos profesionales.

Pero este sistema no está concebido para atender una llegada masiva de inmigrantes , sino que lo está para proteger a menores en situación de desamparo de forma temporal, hasta que la situación familiar permita que el niño vuelva a su entorno familiar o a una familia de acogida o de adopción.

El Gobierno de Sánchez ha puesto en grave riesgo este sistema por su irresponsabilidad, cinismo e ineptitud a la hora de afrontar el problema migratorio. Una irresponsabilidad que ha facilitado además el trabajo de las mafias, que han dejado decenas de miles de personas ahogadas en el Atlántico, muchas de ellas, menores de edad.

El Gobierno central invadió competencias exclusivas de las comunidades autónomas al obligarlas a aceptar traslados forzosos de menores entre regiones, eso sí, exceptuando a Cataluña y País Vasco a cambio de votos. Ante esa imposición inconstitucional, el Gobierno regional tuvo que reforzar la red con recursos propios, sin apenas ayuda estatal, para garantizar a todos los menores del sistema de protección madrileño la atención necesaria ante el desastre que se avecinaba.

Este ataque sectario e ilegal a las competencias autonómicas ha movilizado a la mayoría de las comunidades autónomas, de diferente signo político incluso, logrando revertir un estado de opinión buenista e ingenuamente tolerante con la inmigración ilegal.

Madrid ha puesto freno a Sánchez y su política migratoria temeraria y lo ha hecho:

Uno. Exigiendo al Gobierno que ofreciera información, coordinación y financiación.

El gobierno opaco y autoritario de Sánchez se ha resistido hasta que se ha visto obligado por Madrid y otras comunidades autónomas, por las autoridades de transparencia y por los tribunales.

Dos. Poniendo coto al coladero de Barajas.

Presionamos hasta que el ministro Marlaska extendió los visados de tránsito y frenó la entrada de menores que hacían escala en Madrid de forma fraudulenta para quedarse en nuestro país.

Tres. Logrando que se agilice el procedimiento de determinación de edad para no mezclar adultos con menores de edad.

Cuatro. Diciendo «NO» a los repartos a la carta para contentar a los independentistas. Madrid ha sido la comunidad a la que más ha querido perjudicar el Gobierno. Pero el Gobierno regional se ha plantado contra estos repartos opacos e ilegales y los ha llevado ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Cinco. Denunciado la ilegalidad en los procesos de convocatoria

de las conferencias sectoriales, las manipulaciones y los intentos de cambiar las reglas del juego.

Seis. Presentando alegaciones y recursos, expediente por expediente,

contra los criterios de traslado que, en muchas ocasiones, iban en contra del interés superior del menor.

Siete. Ganando en los tribunales.

Madrid ha obligado a Sánchez a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo, a pesar de su reiterada resistencia.

Ocho. Desmantelando mafias.

Hemos alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cómo trafican las mafias con fraudes en la documentación, provocando las primeras detenciones.

Nueve. Dando traslado a la Delegación de Gobierno de 94 expedientes de menores problemáticos

para su reagrupación familiar en sus países. Los técnicos de protección de menores consideran que todos estos casos exigen la actuación inmediata de la Delegación para procurar su retorno con garantías.

Diez. Siendo la primera región en denunciar a falsos menores por estafa agravada al haberse aprovechado de recursos públicos. Estas denuncias ya han provocado las primeras detenciones.

La Comunidad de Madrid continuará dando la batalla para garantizar espacios seguros para los menores que realmente lo son y cortando el camino a las mafias que usan cualquier resquicio legal para hacer negocio con las vidas ajenas. Madrid integra y protege, pero también pelea por lo que es justo y pone freno al caos cuando hay desorden.

Se acaba de cumplir un año desde la entrada en vigor del Real Decreto – ley 2/2025, de 18 de marzo, para imponer repartos forzosos de menores a las comunidades autónomas, salvo a Cataluña y País Vasco.

La Comunidad de Madrid no reconoce este decreto y lo ha impugnado en los tribunales, pero lo ha cumplido.

Ese decreto venció el pasado 19 de marzo y ya no está en vigor. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid estará muy vigilante ante cualquier argucia legal que pretenda el Gobierno para prolongar esos repartos forzosos.

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Ana Dávila – Ponce de León Municio

es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid