La Comunidad de Madrid no quiere más imposiciones del Gobierno central en materia migratoria y ha recurrido a la legislación para dejar clara una idea:

no está dispuesta a aceptar más menores extranjeros no acompañados por decisión del Ejecutivo central

, que en su día se amparó en un decreto (RDL 2/2025) para crear un sistema extraordinario y temporal de reubicación de menores migrantes no acompañados cuando una comunidad estuviera en «situación de contingencia migratoria», como ha sido el caso de Canarias, Ceuta o Melilla, quisiera o no la autonomía receptora.

En virtud de esta normativa, Madrid

ha asumido 241 menores de los 647 que el Gobierno central había asignado inicialmente. Sin embargo, el plazo de un año durante el cual eran obligatorios los traslados forzosos ha expirado. Por ello, «Madrid no recibirá ni un solo menor más al no haber cobertura legal para ello», aseguran a LA RAZÓN fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Para que quedara constancia, ha decidido enviar en los últimos días una serie de misivas oficiales al Gobierno y a las comunidades autónomas emisoras, avisando de que el plazo para el envío a la Península, «de manera impuesta», de menores inmigrantes no acompañados

«ha concluido

».

En concreto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha enviado a las subdelegaciones del Gobierno de Canarias, Ceuta y Melilla requerimientos para recordarles que ha finalizado el plazo de un año contemplado en el RDL 2/2025, de 18 de marzo, y en el RD 658/2025 para las reubicaciones forzosas de menores que se encontraban en los sistemas de protección de las comunidades en situación de contingencia migratoria.

En ellos advierte de que ya no hay cobertura jurídica para estos traslados. La Comunidad de Madrid solo está dispuesta a aceptar a aquellos que se pacten con las comunidades autónomas, un mecanismo regulado a través del Protocolo Marco de 2015 del Consejo Territorial de Servicios Sociales, con acuerdos voluntarios entre todas las autonomías.

A renglón seguido, la misiva advierte a las subdelegaciones del Gobierno de que «cualquier acto administrativo de inicio, tramitación o resolución de un procedimiento de traslado, así como cualquier otra acción tendente a la reubicación de menores extranjeros no acompañados que se lleve a cabo con posterioridad al 19 de marzo de 2026 y que no se realice mediante el citado procedimiento previsto en el Protocolo Marco, carece de cobertura legal y se consideraría realizado en contra de la legalidad vigente».

Y va más allá: amaga con emprender acciones legales si se produce algún nuevo traslado.

«La Comunidad de Madrid se reserva el derecho de interponer todas las acciones legales pertinentes en defensa de sus competencias, que podrán incluir la exigencia de responsabilidades en las que, en su caso, pudieran incurrir las autoridades o empleados públicos que promovieran, resolvieran o ejecutaran dichos actos».

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha enviado también cartas a las consejerías del ramo de Canarias, Ceuta y Melilla para recordarles que el plazo de un año establecido en el RDL 2/2025 ha vencido y que cualquier otro traslado deberá acogerse al marco normativo de 2015, con el previo acuerdo interautonómico.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha desplegado una intensa ofensiva contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha librado en los tribunales. Primero, en abril de 2025, Madrid recurrió ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, que desarrollaba el sistema de traslados obligatorios previsto en el RDL 2/2025. El recurso solicitaba medidas cautelares para la suspensión de los traslados e impugnaba el reparto de menores entre comunidades. Sin embargo, el Alto Tribunal denegó la suspensión cautelar, por lo que los traslados continuaron realizándose hasta que se resolviera el fondo del asunto.

Batalla judicial

Un mes después, el Ejecutivo autonómico presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, las argumentaciones que se dieron fueron que se estaba produciendo una invasión de competencias en materia de protección de menores; también se alegaba falta de justificación para usar un decreto – ley a la hora de aplicar la medida y el hecho de que se impusieran obligaciones a las autonomías sin que hubiera un acuerdo previo con ellas. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, pero eso no supuso la suspensión de la aplicación del decreto.

Además, impugnó de manera individual varios traslados concretos e hizo requerimientos formales para advertir de que consideraba ilegales estas imposiciones.

Pese a esta batería judicial, el Gobierno regional procedió a asumir la tutela y custodia de los menores que fueron trasladados a la Península bajo estos decretos: 241 en total.

Choque institucional

Menores con conductas violentas

El choque institucional en materia migratoria tiene también otra derivada conflictiva: la situación de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Comunidad de Madrid que han protagonizado incidentes graves o conductas violentas (agresiones, robos…). La Comunidad de Madrid, que no tiene competencias en materia de extranjería, ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que inicie procedimientos de devolución o repatriación de esos menores a sus países de origen, al considerar que son susceptibles de ser víctimas de las mafias y que no está claro que puedan reinsertarse en la sociedad.

Sin embargo, Martín ya ha dejado claro que no está tramitando esas devoluciones. Argumenta que la repatriación solo puede hacerse si beneficia al menor, a la par que sostiene que debe garantizarse que tendrá protección familiar o institucional adecuada en su país. «En lugar de pedir la expulsión de menores, la Comunidad de Madrid debería cumplir con sus responsabilidades de tutela. Hay que anteponer siempre el interés del menor», dijo Martín recientemente.