El Partido Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere y anule el acuerdo, que adoptaron el pasado 24 de marzo, que impidió tramitar dos enmiendas incorporadas por el Senado sobre la ley de multirreincidencia, al considerar que su bloqueo supone una “grave anomalía democrática”.

Las dos enmiendas, respaldadas por mayoría absoluta en la Cámara Alta el pasado 18 de marzo, incluían medidas para reforzar el Ministerio Fiscal y endurecer el control en los procesos de regularización de inmigrantes , con el objetivo de evitar la impunidad y reforzar la seguridad ciudadana, según los populares.

Una de las propuestas, pactada entre PP, Vox y Junts, planteaba modificar la Ley de Extranjería para exigir la ausencia de antecedentes penales o causas abiertas en España o en otros países como condición para regularizar a inmigrantes ; todo ello, en consecuencia, por

la recién regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez

y tramitada por un real decreto.

La otra enmienda

instaba al Gobierno a ampliar la plantilla de fiscales en un plazo de dos años, con un ratio de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.

Ambas iniciativas no llegaron a debatirse en el Congreso después de que el Ejecutivo ejerciera su facultad de veto por impacto presupuestario, una decisión avalada por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Cámara.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales, lo que tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.

Pese a ello, el Congreso aprobó el pasado 26 de marzo la reforma del Código Penal impulsada por Junts para combatir la multirreincidencia, con el apoyo de PSOE, PP, PNV, Coalición Canaria y UPN. ERC se abstuvo, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra.

En su escrito de reconsideración, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz,

califica la decisión de la Mesa como “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”. El PP sostiene que el Gobierno no ha justificado de forma suficiente el impacto económico de las enmiendas, requisito que considera imprescindible para ejercer el veto presupuestario.

Además, argumenta que

el Ejecutivo no puede alegar afección a las cuentas públicas al no haber presentado Presupuestos Generales del Estado en la actual legislatura.

También defiende que las enmiendas aprobadas por el Senado deben ser necesariamente debatidas y votadas en el Pleno del Congreso.

Los populares advierten de que impedir ese trámite vulnera tanto el procedimiento legislativo como los derechos de los diputados y de los ciudadanos a la participación política recogidos en la Constitución. En este sentido, consideran que la Mesa se ha arrogado competencias que corresponden al Pleno, lo que califican de “anomalía democrática inadmisible”.

Por todo ello, el PP solicita que se declare nulo el acuerdo adoptado el 24 de marzo y que se retrotraiga la tramitación para permitir el debate íntegro de las enmiendas en el Congreso al considerar, además, que

esta actuación limita el derecho de los diputados a ejercer plenamente su función representativa

y “cercena el derecho de los ciudadanos a la participación política, recogidos en la Constitución”.