En la consulta celebrada los días 22 y 23 de marzo, los italianos votaron en contra de la reforma judicial presentada por la primera ministra, … Giorgia Meloni. Su Gobierno proponía la modificación de una parte de la justicia italiana: la separación de las carreras de jueces y fiscales, actualmente englobados bajo la denominación de ‘magistrados’, y la división en dos del Consejo Superior de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial. Los jueces y fiscales que componen este Consejo serían nombrados por sorteo, es decir, mediante un sistema basado en el azar.

La reforma constitucional promovida por Meloni no logró los dos tercios de los votos parlamentarios requeridos para que saliera adelante, y por este motivo, en aplicación de la legislación italiana, tuvo que someterse a consulta popular. El 53% de los votantes rechazó el plan de la reforma judicial. Esto hizo que la autoridad de la primera ministra se viera repentinamente cuestionada. «Ahora hay una grieta en su armadura», afirmó Giovanni Orsina, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma. «Las cosas se han puesto en marcha, y se han puesto en marcha en contra de Meloni». La pregunta es: ¿es un tropiezo puntual o comienza a cuestionarse su autoridad?

La propuesta de la primera ministra hay que verla en su contexto. Viene motivada por los reveses judiciales a su política migratoria. Recordemos que la restricción de la migración fue una de las señas de identidad de su programa electoral. Pero ponerlas en práctica no fue tan sencillo. Una serie de sentencias frenaron hace un año las deportaciones a Albania promovidas por Meloni. Aquellas deportaciones se basaban en el acuerdo entre Albania e Italia, firmado el 6 de noviembre de 2023, que establecía un nuevo régimen en materia migratoria.

El acuerdo con Albania consistía en la apertura de dos centros de internamiento en el país balcánico. En dichos centros se registraría a las personas rescatadas por buques italianos en alta mar y se tramitarían las solicitudes de protección internacional de los migrantes procedentes de países considerados ‘de origen seguro’. Los centros albaneses serían gestionados, y esto es relevante, por las autoridades italianas y bajo la ley italiana. Es decir, Italia gestionaría las solicitudes de asilo en un país extranjero, pero conforme a la legislación italiana. Albania solo sería responsable de mantener la seguridad en el perímetro exterior de las instalaciones. A esto se le llama la extraterritorialización de la migración.

En octubre de 2024, el Tribunal Ordinario de Roma se negó a validar las órdenes de detención de dos migrantes procedentes de Bangladés, rescatados en el mar y trasladados a uno de los centros albaneses. El tribunal italiano consideró que la calificación de los ‘países de origen seguro’ puede ser revisada por los jueces, aspecto no contemplado en la ley italiana. El litigio llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, el 1 de agosto de 2025, dio la razón a los jueces italianos. Esto supuso un revés para el Gobierno de Roma.

El Tribunal europeo declaró que la designación de un país como ‘de origen seguro’ debe ofrecer unas garantías que Italia incumple: la posibilidad de una revisión judicial efectiva y transparente, y basarse en fuentes de información accesibles, algo que Italia no garantizaba. Los traslados a Albania bajo el único pretexto de que los solicitantes de asilo proceden de ‘países de origen seguro’ no eran compatibles con la normativa europea.

Con estos reveses, la invencible Giorgia Meloni corre el riesgo de convertirse en una primera ministra errante. Y sus vaivenes en política exterior no generan confianza. No hace tanto que Meloni aparecía como la abanderada europea de la política trumpista. Ella fue la única líder de la Unión Europea presente en la toma de posesión de Trump. Incluso defendió los ataques a Europa que lanzó el presidente de Estados Unidos en la cumbre de Davos.

Pero aquella relación se tambaleó cuando Estados Unidos bombardeó Irán. Trump no la había avisado. A las pocas semanas, Meloni declaró la ilegalidad del ataque de Estados Unidos. Incluso le prohíbe usar sus bases aéreas. Y en estos días de Semana Santa, cuando Israel impidió la entrada al Santo Sepulcro de Jerusalén al máximo responsable de la Iglesia católica en Tierra Santa, no dudó en acusar al Gobierno de Netanyahu de vulnerar la libertad religiosa.

Ahora que la señora Meloni parece mostrarse contraria a los excesos de Trump y Netanyahu y esgrime el respeto a la legalidad internacional, sería bueno que hiciera autocrítica sobre su política migratoria.