Este miércoles día 1 de abril estaba marcado en rojo en el calendario de 25.800 inmigrantes residentes en Euskadi en situación irregular. Era el … plazo fijado por el Gobierno central para comenzar el proceso de regularización masiva para poder inscribirse en el mercado laboral y tener una oportunidad de trabajar con todos los papeles en regla. Sin embargo, el inicio del proceso se ha aplazado algunos días.

El real decreto para la regularización extraordinaria de medio millón de personas migrantes en España se encuentra pendiente del dictamen del Consejo de Estado, que tiene hasta dos meses para emitirlo, aunque esto no significa que vaya a agotar este plazo, según fuentes del órgano consultivo citadas por Europa Press. Una vez cuenten con el dictamen del Consejo de Estado, el real decreto deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que se espera para mediados de este mes como muy tarde.

El proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026 y, según ha asegurado este miércoles la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, «habrá tiempo suficiente para que todos los que cumplan los requisitos» puedan beneficiarse del proceso. «Calendario previsto y mensaje de tranquilidad», ha señalado la ministra socialista.

Los trabajadores de la Seguridad Social, encargada en Gipuzkoa, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, de gestionar los trámites en sus oficinas del barrio donostiarra de Riberas de Loiola, no han tenido hoy, por lo tanto, la avalancha de extranjeros prevista inicialmente y han vivido una jornada tranquila en ese aspecto.

En este contexto de incertidumbre, el Gobierno Vasco ha subrayado esta mañana en una nota aclaratoria que «la decisión, la regulación y la gestión del proceso extraordinario corresponden exclusivamente al Estado español». Desde el Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico recuerdan que desde julio de 2025, Euskadi ejerce funciones en materia de autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras en su ámbito territorial, pero la legislación aplicable, la autorización de residencia y la tramitación de todas las autorizaciones no transferidas siguen correspondiendo a la Administración General del Estado. «Esa transferencia, por tanto, no convierte al Gobierno Vasco en autoridad competente para aprobar o activar una regularización extraordinaria», aseguran.

Así, desde el departamento que encabeza la consejera Nerea Melgosa insisten en que el papel del Ejecutivo de Vitoria «se limita a actuar con rigor institucional: informar con veracidad cuando exista una norma estatal definitiva, analizar su alcance y facilitar a la ciudadanía información fiable, evitando especulaciones o anuncios prematuros».

En el conjunto de España son entre medio millón y un millón los potenciales beneficiarios ya que, al igual que en el País Vasco, la situación de irregularidad en que viven, que les dificulta tener un empleo con papeles, garantías y derechos, hace difícil un censo exacto.

En el caso de Euskadi son casi 26.000 las personas inscritas en Lanbide, la oficina pública de empleo, sin acceso al mercado laboral a fecha del pasado 25 de febrero. Prácticamente todos, el 98,6%, está en edad de trabajar, según los datos ofrecidos por el Gobierno Vasco. De ellos, 13.582 han recibido servicios de Lanbide, 4.899 han recibido orientación o formación laboral pero no tienen triaje o diagnóstico. 7.618 tienen un triaje, entrevista o diagnostico en los últimos 18 meses.

En el Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo se recoge cuáles son las entidades colaboradoras en las que se pueden iniciar los trámites. Además de las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, que centraliza las operaciones en el caso de Gipuzkoa, también se pueden hacer en sindicatos, ongs y en Correos. Será la mayor regularización masiva de inmigrantes en dos décadas después del último que tuvo lugar en España, en el año 2005. Una vez completados los trámites se les reconocerá de forma oficial su residencia en el país y quedarán capacitados para trabajar legalmente, y no de forma irregular. Tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio.

Ante la avalancha de solicitudes que se espera en el conjunto de España, el Gobierno habilitará las oficinas de Correos para que sea allí donde se presenten el grueso de las peticiones, aunque también se podrá hacer en algunas oficinas de la Seguridad Social (una por provincia, salvo en Madrid y Barcelona, donde se abrirán tres; y en Alicante, Murcia, Málaga y Valencia, con dos oficinas por región), así como en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y las oficinas de extranjería, aunque la mayoría quedarán excluidas.

El proceso constará de dos fases: recogida de solicitudes con documentación y tramitación y resolución del expediente, que realizará de manera exclusiva la unidad centralizada en Vigo. Ante la avalancha de trabajo que se espera, el Gobierno ha puesto encima de la mesa gratificar con 25 euros la hora extra a los funcionarios de la Seguridad Social y de Correos que se ofrezcan voluntarios para trabajar más tiempo.