El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones avanza en los preparativos para uno de los procesos administrativos más significativos de la legislatura: la regularización extraordinaria de extranjeros. A pesar de que el proceso, anunciado originalmente en enero, tenía previsto iniciarse a principios de abril para concluir el 30 de junio, el Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde definitiva a la norma.

No obstante, la ministra Elma Saiz ha enviado un mensaje de tranquilidad asegurando que los trabajos se encuentran “dentro del calendario previsto”. Ante las dudas surgidas en el seno de la Unión Europea sobre un posible “efecto llamada” o la movilidad de estos nuevos residentes por el espacio común, el Ejecutivo ha sido tajante.

El objetivo principal de la medida es aflorar la economía sumergida y dotar de derechos laborales a quienes ya residen en el país. Según fuentes gubernamentales, “la regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España”, pero esta autorización no será extensible al resto de los Estados miembros. Desde Bruselas, el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recordado que la soberanía nacional en esta materia tiene límites claros dentro del marco comunitario.

Brunner ha advertido que “un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE, sino únicamente para vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió”. En este sentido, la normativa europea es estricta: “si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España”.

Se estima que esta medida podría beneficiar a en torno a 500.000 o más migrantes que actualmente se encuentran en situación irregular en suelo español. Para el Gobierno, esta regularización “no es un cheque en blanco” para el libre tránsito por Europa, sino una herramienta de integración local. La ministra Saiz ha reforzado esta idea señalando que "el propio comisario ha establecido que esto afecta a la legislación de cada país, que es soberano.

Esto afecta a la decisión de trabajar en nuestro país. Eso es lo que se deduce de las palabras del comisario". En cuanto a los detalles técnicos del documento, los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año. El Gobierno ya adelantó a principios de año que el proceso será flexible en cuanto a la actividad laboral: “la admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar de manera provisional en cualquier sector y lugar de España”, facilitando así la inserción inmediata de miles de personas en el mercado de trabajo nacional. Con este plan, España busca equilibrar sus necesidades demográficas y laborales respetando estrictamente los acuerdos de movilidad de la Unión Europea.