Las Cortes Generales han vuelto a mostrar este martes los temores que les genera la regularización masiva de inmigrantes que tiene previsto aprobar el Gobierno y han dado el visto bueno a la creación de una ponencia que analice los efectos que pudiera tener esta medida para la seguridad nacional.
La propuesta ha nacido del Partido Popular, que ha tildado de «ilegal» el real decreto que ultima el Ejecutivo —un mecanismo que no requiere de aval parlamentario— y ha avisado de que puede tener efectos claros sobre la seguridad con la entrada al país de «delincuentes» o personas relacionadas con el terrorismo.
«Van a regularizar a miles de inmigrantes sin garantías, sin valoración de los afectados, sin memoria económica y sin debate parlamentario», ha denunciado el diputado del PP Rafael Hernando en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Este órgano es el que ha aprobado la creación de una ponencia con apoyo de los populares y Vox, y el rechazo del PSOE.
Hernando ha insistido en que la relación entre los flujos irregulares de inmigrantes y la seguridad no es nueva, sino que está incluida como riesgo en los análisis del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del propio Gobierno. En concreto, ha aludido al peligro de que la inmigración sea usada por terceros Estados como medida de presión, que sea un elemento de desestabilización o que pueda favorecer la entrada de elementos terroristas.
«El Gobierno de Sánchez está empeñado en llevar a cabo esa regularización a pesar de que sea en contra de la mayoría absoluta de este Parlamento»
Ester Muñoz
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Muy duro contra el Gobierno, ha acusado a Pedro Sánchez de haber convertido España en «un coladero» de inmigrantes y le ha reprochado que impidiese algo tan sencillo como el endurecimiento de los controles antes de aprobar los expedientes de regularización. Esto lo hizo el Ejecutivo con el veto en el Congreso a una enmienda del PP, aprobada previamente en el Senado, para que solo se pudiera acceder a la residencia si se acreditaba la ausencia de antecedentes penales mediante un documento oficial.
Con la redacción del texto que prepara el Gobierno, en el caso de que los solicitantes acrediten haber pedido sus antecedentes penales a sus países de origen o a aquellos en los que hayan residido los últimos cinco años, bastará con que presenten una declaración responsable para acceder a la residencia. «Es una fechoría ilegal y sin precedentes», ha denunciado el parlamentario popular.
«Esos argumentos son más propios de la ultraderecha», ha rebatido el socialista Víctor Ruiz de Diego, que ha recordado al Partido Popular los procesos de regularización que ellos lideraron cuando estaban en el Gobierno.
El diputado del PSOE ha subrayado que la regularización afectará a personas que viven ya en España, con un marco temporal definido, y por tanto no puede generar ningún efecto llamada. «Ya forman parte de nuestras comunidades autónomas, son nuestros vecinos y vecinas, trabajadores que contribuyen a la vida económica y social de los barrios españoles», ha sostenido.
Vox achaca «incoherencias» al PP
En el otro lado de la balanza, Vox ha apoyado los argumentos de los populares acusando al Gobierno de mantener una política migratoria «errática, improvisada e irresponsable» y ha reivindicado que la seguridad de los españoles «no puede ser objeto de improvisación ni cálculos personales, ideológicos o electorales».
Eso sí, también ha acusado de «incoherencias» en política migratoria a los de Alberto Núñez Feijóo. Aparentan dureza en las Cortes Generales, pero financian a las ONG que apoyan a inmigrantes en las comunidades autónomas, ha reprochado el diputado Alberto Asarta. Este es precisamente uno de los asuntos que están sobre la mesa en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura, Aragón, y Castilla y León.
Este asunto se ha colado también en la sala de prensa del Congreso, donde la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de nadar contra corriente tanto en España como en el seno de la Unión Europea (UE). En el panorama nacional, con el veto el martes pasado de una enmienda para endurecer la regularización que prepara el Ejecutivo y con la aprobación hace dos semanas de una moción con la que el Congreso instó al Gabinete a frenar sus planes para conceder la residencia de un plumazo a centenares de miles de extranjeros. Y allende nuestras fronteras, porque a nivel comunitario, precisamente, se están adoptando medidas que son más restrictivas con la inmigración.
«Delincuentes, incluidos terroristas»
«El Gobierno de Sánchez está empeñado en llevar a cabo esa regularización a pesar de que sea en contra de la mayoría absoluta de este Parlamento, sin controles y justo al contrario de lo que está exigiendo el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea», se ha quejado la diputada del PP, quien ha censurado que España no solo va a incumplir el plazo para adaptar su legislación a ese nuevo marco, sino que se está convirtiendo en «un agujero» de entrada a la UE de «delincuentes, incluidos terroristas».
En ese sentido, con un ejemplar del Boletín Oficial del Estado (BOE) en la mano, ha leído un fragmento de la página 51.513 del publicado el 8 de mayo del 2024: «Por otro lado, las conexiones puntuales detectadas entre yihadistas y redes de tráfico de personas, sobre todo en el Mediterráneo central, incrementan el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y de otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados». «Cuando esto lo dice en el BOE el Gobierno de España, es seguridad. Cuando el PP alerta de este tipo de situación, somos racistas», ha contrapuesto la parlamentaria popular.