El pleno de la Knesset (Parlamento israelí) ha aprobado este lunes una reforma legal que permite imponer la pena de muerte por ahorcamiento a quienes sean declarados culpables de «asesinato con motivación terrorista». La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha sido respaldada por 62 diputados frente a 48 y ha provocado duras críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten de que se aplicará de forma discriminatoria contra los palestinos.

Según el texto aprobado, los tribunales militares deberán dictar obligatoriamente la pena capital a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada condenados por ese tipo de delitos, salvo en «circunstancias especiales» no especificadas. La ejecución de la pena deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento.

Los tribunales ordinarios –que juzgan a ciudadanos israelíes– podrán, en cambio, optar por la cadena perpetua y exigirán condiciones adicionales para aplicar la ejecución. Ha sido la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, la que ha señalado que «en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos, y se ha preguntado: ¿Acaso se aplicará a los colonos asesinos?». Esta diferencia de criterios no es sino el máximo exponente no solo del carácter desigual de la norma, equiparable al sistema de apartheid, sino también del alcance del genocidio, que traspasa ya las fronteras de Gaza.

Champán y oposición

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha participado personalmente en la votación y ha apoyado la reforma, promovida por el ala ultranacionalista del Gobierno.Tras la aprobación, Ben Gvir ha intentado descorchar una botella de champán en el plenario, aunque un ujier –personal de seguridad interior encargado de proteger a los diputados y el orden dentro del Parlamento– se lo ha impedido. Aun así, una vez fuera del hemiciclo, los diputados ultras no han dudado en terminar por descorchar la botella y celebrar.

La oposición ha calificado la ley de «populista, inmoral y no igualitaria». Matti Sarfatti, diputado del partido Yesh Atid, ha asegurado que la medida «rompe con los principios constitucionales básicos del Estado de Israel».

Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés) ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo contra la ley. Sus argumentos han recaído en la falta de soberanía de la Knesset sobre Cisjordania y la inconstitucionalidad de la propia ley por violar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a un proceso con las debidas garantías y la igualdad.

De la misma manera, la organización israelí de derechos humanos B’Tselem ha denunciado que la nueva legislación «institucionaliza la ejecución de palestinos» y convierte la pena de muerte en una herramienta del «régimen de apartheid». Desde octubre de 2023, según sus datos, más de 72.000 palestinos han muerto en Gaza y más de mil en Cisjordania. Actualmente, unos 9.500 palestinos se encuentran detenidos en prisiones israelíes, muchos de ellos sin juicio ni garantías legales.

El Estado francés, Alemania, Gran Bretaña e Italia han mostrado su rechzao a la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. El debate previo se produjo tras la aprobación in extremis esta madrugada de los presupuestos generales para 2026, con los que Netanyahu ha aprovechado para hacer concesiones a los partidos ultraortodoxos parte de su Gobierno.

Con esta aprobación, Israel ahonda en su ya manifiesta voluntad de acabar con el pueblo palestino y expone, una vez más, la impunidad de la que goza para llevarlo adelante.