Tras afirmar que Bizkaia es el territorio «más tensionado de todo el Estado» en cuanto a la acogida de menores extranjeros no acompañados, la diputada general del herrialde, Elixabete Etxanobe, ha asegurado este lunes que unos 100 adultos podrían estar ocupando plaza en centros de menores y ha pedido que se realicen pruebas de edad.

Etxanobe ha realizado estas declaraciones en una entrevista a Onda Vasca, en la que ha refrendado las palabras de la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, que este fin de semana afirmó que «no hay control» y llegan a Bizkaia menores que «deberían estar tutelados en otras comunidades».

Un sistema «colapsado» por momentos

Ha recordado que hace unos meses se estableció una cuota de reparto entre distintas comunidades autónomas por parte del Gobierno español, por la que la CAV y Bizkaia no recibían ningún menor porque «anteriormente se había acreditado que nuestro sistema está tensionado y, por momentos, colapsado».

La diputada general de Bizkaia ha señalado que también han constatado que puede haber «personas que, con toda probabilidad, no son menores de edad y están ocupando recursos para menores», lo que «tensiona todavía más el sistema».

De las 487 personas que actualmente atiende el sistema foral de acogida de menores, «en torno a 100 pueden ser mayores de edad, una situación insostenible e intolerable», ha señalado.

Por ello, ha pedido a Fiscalía y Policía española que «tomen cartas en el asunto y hagan las pruebas de edad que en otras comunidades se realizan». «No podemos entender cómo, siendo encima el territorio más tensionado de todo el Estado, todavía aquí no se hacen pruebas de edad cuando en otras comunidades autónomas se realizan», ha criticado, para insistir en que es «un problema añadido a la situación ya tensionada en este ámbito».

Ha criticado el «nulo interés por cumplir con sus obligaciones» que «han mostrado públicamente algunos dirigentes de comunidades autónomas» y ha destacado que Bizkaia tiene un sistema de acogida porque, «aparte de ser una obligación legal, pensamos que es una obligación moral y que las personas con oportunidades pasan a integrarse y lo merecen».

Un deber «ético», pero «sin asumir toda la carga»

«Es un deber ético que tenemos y lo venimos cumpliendo, pero una cosa es tener un deber ético y querer hacerlo y otra cosa es que asumamos en nuestras espaldas toda la carga sin ningún tipo de atención o voluntad por parte de otras instancias que también tienen mucho que decir y que tienen las competencias», ha advertido.

La diputada ha indicado que la Diputación es «el último eslabón de una cadena» y no tiene «herramientas para limitar el número de personas que acogemos», por lo que ha solicitado ayuda a «otras instancias que pueden y deben ayudarnos a sacar del sistema a esas personas que no deben ocupar esas plazas de menores».

En ese sentido, ha indicado que los mayores de edad tienen otras vías para la integración y para su desarrollo en Bizkaia y en la CAV, pero «no son las plazas para menores», porque eso «afecta muy negativamente a las personas trabajadoras del sistema y a los menores autóctonos del territorio, cuyas necesidades están incrementándose de forma muy considerable y a los que la Diputación también quiere y tiene que atender».