Los procedimientos de expulsión en Nafarroa «se están acelerando», según ha denunciado este lunes SOS Racismo ante las puertas de la Delegación del Gobierno español en el herrialde.

Las personas congregadas portaban carteles en los que se podía leer mensajes como ‘Stop racismo policial’, ‘Es racismo institucional’ o ‘Control de extranjería, control racista’, con los que querían mostrar su «profunda preocupación e indignación ante el incremento de identificaciones y detenciones policiales por perfil racial y las citaciones ante la Brigada de Extranjería, las denominadas ‘citas trampa’», según han explicado a los medios Beatriz Villahizán e Itxaso Andrés Galar.

Según han detallado las portavoces del colectivo en castellano y euskara, muchas de esas actuaciones «derivan en ingresos en Centro de Internamiento de Extranjero y deportaciones, que se están intensificando en las últimas semanas».

Dos deportaciones «exprés»

Así, actualmente tienen conocimiento de varias expulsiones, «entre ellas dos deportaciones exprés, la primera en enero de un vecino de Lerín deportado en 48 horas, y la otra de un vecino de Pamplona deportado en 72 horas, ambos originarios de Marruecos».

Además, están haciendo seguimiento de «un internamiento en el CIE de Aluche de un vecino de Pamplona que se encuentra detenido desde febrero».

Desde SOS Racismo y otros colectivos que suscriben estas denuncias, como Steilas, Haritu, Dar Etxea, Haritu o Zabaldi, entienden que «esta intensificación y hostigamiento», en los que colaboran «fuerzas y cuerpos de seguridad sin tener competencias en extranjería», se produce «a las puertas de un proceso de regularización extraordinaria que puede ofrecer una vía de estabilidad y derechos a miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad».

Consideran que «no es un exceso puntual», sino que «es parte de un modelo policial estructuralmente racista e institucionalizado que debe ser desmantelado», ya que «vulnera derechos fundamentales» y que incluso está afectando a personas «con arraigo social, laboral y familiar en Navarra».

Califican de «especialmente grave que, en lugar de avanzar hacia supuestas políticas inclusivas y garantistas, se esté optando por reforzar mecanismos punitivos que criminalizan la migración».

Paralización inmediata

Por todo ello, estas entidades exigen «la paralización inmediata de todas las expulsiones en curso» y «el cierre inmediato de todos los dispositivos de internamiento de personas extranjeras».

Asimismo, piden «la implementación urgente de un proceso de regularización extraordinario amplio y garantista» y que «se inste al Gobierno estatal a que adopte medidas verificables para establecer el cese de los controles de identidad basadas en el perfil racial, así como el cese de citaciones ante la Brigada de Extranjería».

También se solicita información al Ministerio español de interior «sobre las citas trampa», así como el archivo de todos los expedientes; transparencia en los procedimientos administrativos y acceso a la información para la sociedad civil, junto al «cese de colaboración de los cuerpos policiales dependientes de las entidades locales y del Gobierno de Navarra en este tipo de prácticas».

Finalmente, han hecho un llamamiento a «las instituciones públicas, organizaciones sociales y a la ciudadanía a posicionarse frente a estas prácticas y a defender un modelo de convivencia basado en la igualdad efectiva de derechos».