La decisión del Gobierno de acometer una regularización masiva de inmigrantes vuelve a situar a España en el centro de un debate europeo que trasciende lo estrictamente nacional. No por la medida en sí cuya legitimidad resulta incuestionable, sino por la forma en que ha sido concebida, al margen de una necesaria coordinación con el resto de socios comunitarios.

La advertencia de la Comisión Europea de que devolverá a España a los inmigrantes que se trasladen a otros Estados no puede ser interpretada como una injerencia, sino como la constatación de un principio básico del funcionamiento de la Unión: en un espacio sin fronteras interiores, las decisiones nacionales en materia migratoria tienen efectos que desbordan el ámbito doméstico. Que Bruselas recuerde que las personas regularizadas en España no podrán asentarse libremente en otros países evidencia hasta qué punto el diseño del proceso adolece de una visión incompleta del marco comunitario.

Europa avanza hacia un endurecimiento de sus políticas migratorias, reforzando el control de fronteras y buscando mecanismos eficaces de retorno. En ese contexto, la iniciativa del Ejecutivo español no sólo aparece desalineada, sino que corre el riesgo de debilitar la coherencia de una estrategia común que, precisamente, exige responsabilidad compartida. No se trata de cuestionar la integración de quienes ya forman parte de nuestra sociedad, sino de evitar que ésta se realice a costa de tensionar el equilibrio europeo.

El problema, por tanto, no es la regularización en sí, sino su ejecución. La ausencia de diálogo previo con los socios comunitarios, la falta de claridad sobre sus efectos y el calendario incierto del proceso proyectan una imagen de improvisación que España no puede permitirse en un asunto de esta envergadura. Más aún cuando la propia Comisión ha advertido de posibles consecuencias negativas para otros Estados miembros.

Resulta especialmente preocupante que esta iniciativa pueda desembocar en una situación inédita: que otros países de la Unión refuercen los mecanismos de control sobre personas regularizadas en España, limitando de facto la libre circulación y generando fricciones en el espacio Schengen.

La inmigración constituye uno de los grandes desafíos estratégicos de nuestro tiempo. Su gestión exige combinar humanidad y control, integración y legalidad, pero también coordinación entre los Estados miembros. Actuar de espaldas a Europa no sólo debilita la posición de España, sino que compromete la eficacia de cualquier política en un espacio compartido.

La cuestión es cómo regularizar de forma ordenada, coherente y en sintonía con nuestros socios, no desde una unilateralidad que, lejos de resolver el problema, amenaza con agravarlo.